Viernes 18/01/2019.

Educa

Los Consejos Escolares Autonómicos piden garantizar en la Ley Celaá el dominio de las lenguas cooficiales de cada CC.AA.

Los Consejos Escolares Autonómicos han propuesto que se desarrollen políticas lingüisticas que garanticen que el alumnado reciba una formación que le permita un buen dominio de las lenguas cooficiales de su comunidad, y asegure el conocimiento de, al menos, una lengua extranjera al finalizar el periodo de escolarización.

Así lo pone de manifiesto el informe sobre el anteproyecto de reforma de la LOE y que derogará la LOMCE -también conocida como la Ley Celaá-, emitido el pasado 9 de enero por la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos, que es el órgano de cooperación y de participación de estos consejos en el Consejo Escolar del Estado.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha organizado en forma de "texto consensuado" basado en los puntos de acuerdo alcanzados por los presidentes de los diferentes consejos a lo largo de 2018 en torno a las propuestas de mejora del sistema educativo pero adaptados a los aspectos tratados en el anteproyecto de la Ley Celaá.

Entre las sugerencias generales, piden promover "estabilidad legislativa, garantizar una oferta de educación, con "fondos públicos, universal, gratuita y de calidad con un control efectivo" sobre el cumplimiento de la normativa y asegurar que las becas y ayudas al estudio alcanzan a todo el alumnado que las necesite. También piden invertir y financiar de manera sostenible la educación a corto, medio y largo plazo, y establecer un compromiso de financiación.

Además, el documento consta de siete apartados y en el último de ellos, dedicado al sistema educativo en el estado de las autonomías, pide que, junto con la garantía de que el alumno domine las lenguas cooficiales que se hablen en su región, se promueva en el sistema educativo obligatorio el conocimiento de la diversidad de lenguas y culturas de las comunidades autónomas.

También plantea en este ámbito crear mecanismos de información y coordinación, en colaboración con la Alta Inspección, para poner al servicio de las administraciones educativas de las comunidades autónomas nuevos instrumentos educativos comunes desde el respeto a los ámbitos competenciales.

Igualmente, sugiere que se tengan en consideración factores específicos en los diferentes sistemas, como es el caso de la orografía, la dispersión geográfica, el declive demográfico, la baja densidad de población, la ruralidad o la insularidad por la dificultad de prestación de algunos servicios educativos y para fijar los criterios de distribución estatal de los recursos.

EVITAR LA CREACIÓN DE GUETOS

Por otro lado, solicita políticas de planificación educativa que eviten la creación de guetos, para mejorar la inclusión, en colaboración con los ayuntamientos, escolarizando de forma equilibrada, en los centros sostenidos con fondos públicos, al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, y teniendo en cuenta la libertad de las familiasen la elección de centro educativo.

En este ámbito de equidad del sistema educativo, también señalan la necesidad de ampliar la gratuidad al primer ciclo de Educación Infantil dado el valor educativo y compensador de esta etapa, en colaboración con los municipios y comarcas.

En la misma línea, plantea flexibilizar el acceso a las distintas etapas educativas y repensar los modelos de certificación y titulación al final de las enseñanzas obligatorias. La flexibilidad y el acompañamiento en el sistema educativo también la considera necesaria para garantizar el éxito en la escuela. Así, también planeta que se potencien nuevas modalidades de formación, incluida la semipresencial o a distancia, que haga posible el aprendizaje a lo largo de la vida y en distintos formatos.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

En el ámbito de la evaluación del sistema educativo, aconseja ampliar las diferentes evaluaciones a todas las competencias básicas, desagregar sistemáticamente los datos por sexo para implementar; y elaborar a partir propuestas de mejora para garantizar el éxito escolar del alumnado y acometer políticas de evaluación referidas a la competencia profesional del profesorado, los centros, los programas y la propia administración, acompañadas de forma sistemática de planes de mejora.

Respecto al centro educativo, plantea reconocerles la autonomía pedagógica necesaria, acompañada de autoevaluación y supervisión externa, y garantizar un modelo de centro inclusivo.

Además, señala la necesidad de impulsar, de forma prioritaria, la carrera profesional docente en todos los niveles educativos e implementar políticas efectivas y eficaces para la dignificación de la profesión docente, así como promover la evaluación del profesorado, tanto interna como externa, la voluntaria y la obligatoria.

Junto con ello, reclama que se profesionalice la función directiva, potenciando a los docentes que conforman el claustro de profesores, cuya función principal sea liderar el Proyecto Educativo de Centro.

Finalmente, también señala la necesidad de impulsar un modelo participativo de la comunidad educativa en los Consejos Escolares de Centro ampliando sus funciones e impulsando su actividad.

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