Sábado 10/12/2016.

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El Congreso pide al Gobierno que en las bases del Estatuto del Personal Investigador esté la autonomía de la universidad

Proponen la revisión de la actual oferta académica para adecuarla a la demanda y orientarla a la calidad e internacionalización
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El Congreso pide al Gobierno que en las bases del Estatuto del Personal Investigador esté la autonomía de la universidad El Congreso pide al Gobierno que en las bases del Estatuto del Personal Investigador esté la autonomía de la universidad

El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a orientar el Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) para que, respetando las competencias autonómicas en la materia, "vaya en la dirección de la necesaria flexibilidad que el sistema requiere en la mejora de la gobernanza y la autonomía, con el objetivo de avanzar en la calidad de la enseñanza universitaria, facilitando un debate plural y el necesario consenso".

La diputada de CIU, Inmaculada Riera, ha sido la encargada de defender la moción presentada por los nacionalistas catalanes, consecuencia de una interpelación que se debatió la pasada semana en el Pleno del Congreso, y en la que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, insistió en que el borrador del PDI continúa inmerso en un proceso de conversaciones y depuración con los distintos agentes universitarios y comunidades autónomas, de las que dijo se "respetan" sus competencias.

En este sentido, Riera ha entendido necesario abrir un nuevo debate sobre el Estatuto del PDI porque, a su juicio, el borrador actual "no va en la dirección correcta", al no aportar, por ejemplo, la flexibilidad que la universidad española necesita, además de no respetar las competencias autonómicas en la materia. "Es por ello que insistimos en un proceso de diálogo y consenso y por ello consideramos que debería presentarse como proyecto de ley", ha puntualizado.

CONSENSO DE TODOS LOS GRUPOS

Esta propuesta ha salido adelante mediante una enmienda transaccional pactada entre PP, PSOE y CiU, que finalmente ha sido respaldada por el resto de grupos, y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En ella, igualmente, los grupos parlamentarios han pactado impulsar los trabajos de la Comisión Mixta sobre gobernanza universitaria, constituida por la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo de Universidades, el Consejo de Estudiantes Universitario del estado y el Ministerio de Educación para estudiar y abordar, en el marco de un proceso de diálogo entre todos los agentes, las reformas necesarias en el sistema de gobernanza universitaria.

REFORMAS PENDIENTES

Especialmente, se pide al Gobierno que ponga atención a la actualización de la gobernanza y a las estructuras organizativas universitarias; además de revisar la actual oferta académica, con el objetivo de adecuarla a la demanda y orientarla a la calidad, excelencia e internacionalización.

Es más, proponen que el Ejecutivo dote a las universidades de mayor margen y capacidad para que puedan mejorar la captación de talento a través de los diferentes instrumentos de contratación, favoreciéndose así también la movilidad de estudiantes y docentes para su plena adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); y por último, desean que se impulsen nuevas iniciativas que fomenten una mayor colaboración entre universidad y empresa y permitan una más efectiva transferencia del conocimiento al tejido productivo.

Otro de los puntos transaccionados plantea al Ejecutivo el establecimiento de criterios para que las universidades, en base a su propia autonomía universitaria y en el respeto de las competencias autonómicas, puedan mejorar sus propios modelos de gobernanza orientados a la eficiencia, transparencia y calidad del sistema.

SISTEMAS DE FINANCIACIÓN

Es más, los grupos parlamentarios han acordado solicitar al Gobierno un desarrollo de los actuales sistemas de financiación, avanzando en el marco del consenso alcanzado por la Conferencia General de la Política Universitaria y el Consejo de Universidades el pasado 26 de abril de 2010, hacia un modelo que garantice la accesibilidad, la igualdad de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias, o la competitividad y la calidad del sistema universitario.

Eso sí, quieren que el Gobierno lo haga contando tanto con un sistema de becas que garantice dicha accesibilidad como con una financiación pública y privada, que incorpore indicadores de referencia y metodologías de rendición de cuentas y resultados en la recepción de fondos.

TRASPASO DE BECAS UNIVERSITARIAS

A esta moción se ha presentado una enmienda de ERC, relativa al traspaso de becas, sobre el que Riera ha afirmado que CiU ha insistido y presentado muchas iniciativas sobre ello, además de estar cerrando los traspasos en la gestión de becas y ayudas al estudio en el ámbito de sus competencias. "No es el tema que nos ocupa hoy", ha apostillado.

Joan Tardà, diputado de ERC, ha defendido por su parte que "ahora sí toca" hablar de universidades y becas, al considerar que estas partidas son "imprescindibles" en Cataluña, dado que el 13,2 por ciento de los universitarios españoles son catalanes y, de ellos, el 9 por ciento cuenta con beca. "Se debe culminar de una vez por todas, antes de que termine la legislatura, el traspaso de becas a las comunidades que así lo han solicitado", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz del PP en materia de Universidades, Adolfo González, ha señalado que cuando se habla del gobierno de la universidad no se habla sólo de la elección del rector. "Si se quiere cambiar la universidad hay que hablar desde ella. Para ello hay que coger el toro por los cuernos y hay que hacer mayor esfuerzo desde esta Cámara", ha apuntado.

"Desde nuestro punto de vista se olvida con frecuencia el papel fundamental que han tenido en el proceso de modernización de nuestro país. Ya se están haciendo reformas con Bolonia y la necesaria agilidad de unas universidades cada vez más internacionalizadas", ha apuntado la portavoz del PSOE en materia de Universidades, Monsterrat Palma.

Para Aitor Esteban, del PNV, siempre hay que defender la posibilidad de que sean las propias universidades las que tengan en sus manos las decisiones de su propia gobernanza. Al mismo tiempo que entiende que deben respetarse las competencias autonómicas, y establecerse una bases mínima para el desarrollo del estatuto del PDI.

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