«No es cuestión de recentralizar, sino de tener lealtad en las competencia transferidas y de supervisar que no se está malversando», ha explicado Casado en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press. En su opinión, es compatible que la administración autonómica «haya acercado la prestación de servicios sanitarios, sociales y educativos a la población con que el Estado no pierda el control de esas competencias».
Para Casado, dichas transferencias «estarían bien hechas» pero hay que «hacer que el curriculum educativo, la evaluación pública de conocimiento y la selección de profesorado a nivel estatal se garantice por parte del Estado». El dirigente popular se ha preguntado, en este sentido, «por qué no va a poder garantizar el Estado que la educación se imparta de forma adecuada».
Respecto al informe de la Alta Inspección que fue encargado en mayo de 2017 cuando estaba al frente del Ministerio de Educación Íñigo Méndez de Vigo, Casado ha eludido pronunciarse sobre la decisión de no hacer públicos los resultados pero ha calificado de «gravísimo» el documento. «No se si se escondió (el informe) pero no podemos tolerar que desde el Estado se abandone al adoctrinamiento y a la mala educación , porque los índices son muy malos, a todos los niños de Cataluña».
Casado ha asegurado que, de haber conocido el resultado el informe durante la aplicación del artículo 155 en Cataluña, habría «ampliado las plazas de la Inspección Educativa, igual que se convocaron otras».
Aunque ha eludido «hacer crítica» sobre la intervención de la autonomía catalana por entender que «habría cuestiones, como la temporalidad del 155, que habían difícil políticas a medio plazo», considera que «ahora hay que ver lo que se puede hacer en el futuro para no cometer errores que se pudieron cometer en el pasado (por el PP) o por otros partidos».