Lunes 18/03/2019.

Educa

CSIF denuncia que el 75% de los inspectores educativos en Cataluña los nombra la Generalitat y no el Estado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que, según datos recabados de las comunidades autónomas por el sindicato, que el 75% de los inspectores educativos en Cataluña "están nombrados por la propia Generalitat mediante bolsas de inspectores accidentales o interinos que gestiona esta comunidad autónoma".

Según ha denunciado CSIF en un comunicado, en algunas comunidades "se ha hecho una dejación de responsabilidades a la hora de convocar las oposiciones, en ciertos casos, para introducir a personas afines en el cuerpo de inspectores". En el caso de Cataluña, "directamente para que defiendan los criterios autonómicos en los libros de texto y en el uso de la lengua castellana por debajo incluso de lo que marca la ley educativa", asegura el sindicato.

De este modo, CSIF aleta de que la inspección educativa, "cuerpo de funcionarios públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, garantizar los derechos y los deberes en la enseñanza y velar por la calidad y equidad educativa en España", está sujeta "al mando político".

El sindicato critica también que "la falta de acuerdos globales en materia de educación ha llevado, por la dejación de funciones de los diferentes Ministerios del ramo de los últimos años, a que las comunidades autónomas regulen sin normas básicas que lo limiten cuestiones que corresponden regular al Gobierno central".

REUNIÓN CON EL PP

CSIF ha planteado esta situación durante una reunión este lunes con el Partido Popular dentro de la ronda de contactos que el sindicato mantiene con los partidos políticos. También la petición de un desarrollo normativo que defina claramente las competencias que marca la Constitución y que las comunidades autónomas desarrollen un "currículo básico con nivel homólogo que evite las diferencias" entre regiones españolas.

"El sindicato valora que el Partido Popular incluya en su programa electoral una norma para evitar que el conocimiento del idioma cooficial sea un requisito excluyente a la hora de acceder a un empleo público, sino simplemente como un mérito", apuntan desde CSIF.

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