Domingo 21/05/2017.

Educa

CONCAPA denuncia que la Ley de Igualdad de Trato busca "adoctrinar" y "recortar libertad"

El presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonell Pintanel, ha denunciado ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que la intención del Gobierno con el proyecto de Ley de Igualdad de Trato es "adoctrinar" y "recortar libertades".
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Carbonell ha comparecido para informar el citado proyecto normativo, que se encuentra en trámite parlamentario, a petición del Grupo Popular y durante su intervención ha criticado la ley porque a su juicio, es innecesaria, fruto de "un Gobierno que no sabe resolver la situación de la Educación" y que "cercena libertades fundamentales como la libertad de enseñanza, la religiosa o la de expresión".

"Esta ley no nos hace más iguales y si sale adelante, nos hará menos libres", ha asegurado, para incidir en la propuesta de eliminar los conciertos educativos a la enseñanza diferenciada cuando tanto la jurisprudencia como la experiencia de países "más modernos y con más tradición democrática" consideran que este tipo de escolarización no es discriminatoria.

Según ha explicado, eliminando las subvenciones se "discriminará a las familias humildes, que no podrán pagar el tipo de educación que quieren para sus hijos", algo que a su juicio es "inaceptable", especialmente teniendo en cuenta que, en la actualidad, "más de 100.000 alumnos" en España estudian en estos colegios que, según ha recordado, "han elegido un modelo pedagógico perfectamente legal".

Además, ha indicado que esta medida supone una modificación de las condiciones para acceder a conciertos fijadas en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y, por tanto, no puede aprobarse como si fuese una ley ordinaria, sino por la vía contemplada para las leyes Orgánicas del Estado.

También ha condenado que el Consejo Escolar del Estado no haya sido consultado ni haya emitido informe preceptivo sobre el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato aunque contempla medidas que afectan directamente a la LOE y pese a que sí se solicitó su opinión para la elaboración de normas como la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género.

"Es una burla para todos los consejeros y para el ministro de Educación", ha asegurado, para incidir en que la comunidad educativa "ha sido discriminada por el Gobierno" en este proceso. "Qué manía tienen de imponernos a los demás su propio criterio, imponernos hasta un modelo pedagógico. Déjenos elegir", ha reivindicado.

Para Carbonell, el Gobierno "no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado la mala gestión educativa" y "ni siquiera ha sido capaz" de que España salga de lo que ha denominado "mediocridad" en el nivel educativo de sus ciudadanos. "Este sistema está obsoleto. Nos han conducido ustedes a los peores puestos de educación del mundo. Es un desastre", ha lamentado, para cuestionar que en la situación actual, el Gobierno "se haya atrevido a plantear esta ley".

Asimismo, ha criticado que la norma invierta la carga de la prueba en los casos de discriminación, lo que "pone fin al axioma de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", ha asegurado que "no soluciona la desigualdad de trato entre centros públicos y privados", "penaliza la excelencia" y "no reduce el desempleo mientras que puede aumentar el paro del profesorado".

"SOSPECHAS"

Tras la participación de Carbonell ha intervenido en la Comisión la presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, Gloria Juste Picón, quien ha puesto el acento en que con la inversión de la carga de la prueba que contempla la norma, se generarán "sospechas y falta de confianza" entre la ciudadanía y en las relaciones laborales, que, a su juicio, perjudicarán especialmente a los sectores que la norma trata de proteger.

Así, ha explicado que, en su opinión, las mujeres con cargas familiares y de origen inmigrante tendrán más dificultades para acceder a un empleo porque "quién las iba a querer contratar ante el miedo de que en algún momento puedan sentirse discriminadas" y vayan a denunciarlo.

Además, ha indicado que la norma obliga al empresario a "tener que atender muchos otros criterios" a la hora, por ejemplo, de poner en marcha un proceso de selección, ya que "quien no se vea beneficiado puede alegar cualquier cosa y él tendría que demostrar su inocencia".

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