Así lo han solicitado el presidente de la organización, Jesús Salido; su secretaria General, Nuria Buscató; y su portavoz y tesorero, José Luis Pazos, para incidir en que tras el cambio de gobiernos autonómicos se corre el riesgo de que cada comunidad «vaya por libre».
«Con las elecciones autonómicas y municipales se han generado expectativas. La mayoría llevaban en sus programas la derogación o no aplicación de la LOMCE. Se han configurado los gobiernos y hay pactos y rondas de contactos que incluyen la no imlantación (…) Pedimos una reunión urgente de la Conferencia Sectorial para paralizarla y abrir un diálogo para una nueva ley que empiece a trabajarse a final de año», ha señalado Salido.
La prioridad, según ha dicho, es evitar que «cada comunidad aplique sus medidas sino que haya un plan conjunto» porque en la actualidad, conviven gobiernos salientes que «mandan cartas a los colegios recordándoles la obligación de implantar la LOMCE» con entrantes que han anunciado la paralización y que «tienen que tener claro lo que eso supone».
En este contexto, ha denunciado que en Ceuta y Melilla, donde la competencia es del Ministerio de Educación, «están cambiando los equipos directivos de los centros» con las herramientas que ampara la LOMCE «para garantizarse que se aplique la ley porque algún director o directora se había manifestado díscolo con este tema».
«Queremos seguridad jurídica y por eso, lo que no nos parece bien es que cada comunidad autónoma vaya por libre. No les estamos pidiendo que se salgan del marco legal, pero hay cosas que pueden hacer», ha añadido Pazos, que ha puesto como ejemplo Madrid, donde «no se llegó a aplicar la Ley Orgánica de Educación (LOE) y se trabajó como si la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) estuviera en vigor» o Andalucía, que ha seguido impartiendo Educación para la Ciudadanía.
Por otra parte, la organización ha incidido en la necesidad de que el Ministerio de Educación amnistíe a las familias que tienen que devolver la beca que sus hijos recibieron hace dos años y que se concedieron «como subvenciones finalistas», sujetas a que se aprobase la mitad de las asignaturas, petición que elevarán al nuevo ministro, Íñigo Méndez de Vigo, a quien han solicitado una reunión.
Entre sus reivindicaciones está también presente la de abordar la convivencia en los centros educativos. Piden «un Plan Nacional de Fomento de la Convivencia en el ámbito escolar» y reclaman que se convoque al Observatorio Estatal de la Convivencia, «que lleva cinco años sin reunirse», como pidió el pleno del Consejo Escolar del Estado con el único voto en contra de la Administración.
En materia de movilizaciones, la CEAPA no tiene planes de momento sobre protestas al inicio del curso como las que ha ido promoviendo en los años anteriores. Sí emprenderá este mes de julio una «caravana por la educación» con destino a Bruselas para denunciar la situación de pobreza infantil en España y los recortes en becas y ayudas, como las del comedor.