Lunes 14/08/2017.

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Comienza la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen en El Prat

Los trabajadores de Eulen han comenzado la huelga indefinida de 24 horas en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat tras aprobar ayer en asamblea la convocatoria, mientras el Gobierno ha iniciado ya los trámites para el laudo arbitral obligatorio.
  • Comienza la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen en El Prat EFE

Los trabajadores de Eulen han comenzado la huelga indefinida de 24 horas en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat tras aprobar ayer en asamblea la convocatoria, mientras el Gobierno ha iniciado ya los trámites para el laudo arbitral obligatorio.

187 trabajadores de Eulen sobre un total de cerca de 400 participaron en la votación de la propuesta de mediación de la Generalitat, con el siguiente resultado: 150 votos en contra de la propuesta -que preveía una subida de 200 euros mensuales en doce pagas-, 36 a favor y un voto nulo.

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha decretado unos servicios mínimos del 90 por ciento para la huelga, para "garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales".

Tras conocer el resultado de la votación, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, criticó la "postura muy inmovilista" del comité de huelga y el rechazo a una propuesta "razonable", por lo que anunció que el Gobierno ha iniciado los trámites para el laudo arbitral, que será vinculante para todas las partes.

El ministro reiteró, además, que, ante el "evidente" problema de seguridad y de orden público que se puede producir en El Prat, ya se ha puesto en marcha el dispositivo para reforzar los controles del aeropuerto con efectivos de la Guardia Civil.

La consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, señaló ayer que la mediación del Gobierno catalán en el conflicto ha terminado y que ahora les corresponde negociar a "las dos empresas implicadas, Eulen y Aena, y a los trabajadores.

El asesor del comité de huelga, Leopoldo García Quinteiro, acusó a la Generalitat de atribuirse una función de "arbitraje" que no le corresponde y denunció la "arrogancia" del ministro De la Serna, "absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático" al "amenazar" con el laudo arbitral.

A su juicio, "no se dan las condiciones" para un arbitraje obligatorio "mientras no se quiebren los servicios mínimos", fijados en un 90 %, un porcentaje que calificó de "abusivo".

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