2015 será el primer año en el que se constatará la ansiada recuperación económica -que propiciará cierta mejora de los datos de empleo- y también un año electoral clave, con comicios generales, autónomicos y municipales. En este contexto, el último Consejo de Ministros de 2014 -centrado en asuntos económicos- ha dado el visto bueno a una subida, modesta, de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha aprobado la prórroga de la tarifa plana para las contrataciones indefinidas, una iniciativa que ha dado unos resultados muy destacables en materia laboral.
Además, ha aprobado un Real Decreto Ley que permitirá, entre otras cosas, que las comunidades tengan que pagar los intereses de su deuda, una iniciativa que permitirá cierto relajo presupuestario a muchas autonomías y que ha contentado a casi todos los responsables, algo que no suele ser demasido habitual.
Revalorización de pensiones
Las pensiones se revalorizarán un 0,25% en 2015, un incremento modesto que percibirán a partir del próximo 1 de enero 9,9 millones de pensionistas y que se produce en un contexto en el que la inflación está en tasas negativas.
En 2015 se dedicarán al pago de las pensiones más de 360 millones de euros al día, hasta alcanzar una cifra récord que se acercará a 132.000 millones de euros, y la subida beneficia a 9,27 millones de pensiones contributivas, 451.050 pensiones no contributivas y 183.471 prestaciones familiares. El límite máximo de pensiones públicas se fija a partir del 1 de enero de 2015 en 2.560,88 euros/mes.
En 2014 las pensiones ganaron más de 713 millones de euros de poder adquisitivo. Confirmado el dato de variación interanual del IPC de noviembre, las cuatro décimas negativas registradas más el aumento del 0,25% para todas las pensiones aprobado en 2014, han supuesto una ganancia de poder adquisitivo de un 0,65%.
El pasado año entró en vigor de la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social del 23 de diciembre de 2013, que estableció el incremento anual de las pensiones, de acuerdo a las posibilidades económicas de la Seguridad Social y la evolución de sus parámetros fundamentales. La norma fijó, en todo caso, la garantía expresa de que las pensiones se incrementarán todos los años.
El incremento se concretará entre un mínimo del 0,25% para el conjunto de las pensiones cuando la situación económica sea desfavorable, hasta la variación anual del IPC más 0,50 puntos porcentuales adicionales, cuando el contexto económico lo permita.
El Salario Mínimo, sube lo mínimo
El Gobierno también ha decido una subida, modesta, del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 0,5%, que se sitúa en 648,6 euros mensuales (frente a 645,3 euros actuales).
El Gobierno considera que este incremento responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que continúa favoreciendo, de forma equilibrada, su competitividad, acompasando así la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo.
La decisión ha sido consultada con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Los sindicatos se han mostrado claramente descontentos ya que planteaban una subida del 12,5 % en 2015 para llegar a 725 euros y de un 10,2 % en 2016 hasta alcanzar 800 euros.
El salario mínimo estuvo congelado en 2012 y en 2014, mientras que en 2013 subió el 0,6 %.
El SMI se creó en 1963 y se mantuvo congelado durante los tres años siguientes, mientras que a partir de 1967 se ha ido actualizando anualmente, salvo entre 1976 y 1979, años en los que se subió dos veces cada ejercicio por la elevada inflación.
Con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, se estableció su revisión anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales más representativas, y desde 1982 el Consejo de Ministros suele fijar el SMI para el ejercicio siguiente en su última reunión del año.
Prorroga de la tarifa plana
También se incluido en el último Consejo de Ministros del año la prórroga de la tarifa plana de cien euros para la contratación indefinida de nuevos trabajadores durante los tres primeros meses del año. La medida ha dado unos resultados muy buenos y ha contribuido a la creación de empleo estable.
El Gobierno aprobó el pasado mes de febrero esta reducción para incentivar la contratación indefinida y empezó a aplicarse el 25 de febrero, con una vigencia hasta final de año. Desde su puesta en marcha, la iniciativa ha incentivado la contratación de 177.731 trabajadores, lo que supone que uno de cada cuatro contratos indefinidos suscritos en este periodo se ha acogido a esta modalidad.
Por este motivo el Gobierno ha considerado necesario ampliar su vigencia hasta el 31 de marzo de 2015. La medida permite que las empresas o autónomos que quieran contratar un nuevo trabajador de forma estable sólo coticen a la Seguridad Social por contingencias comunes cien euros al mes, durante los primeros veinticuatro meses.
La reducción supone un ahorro medio para el empleador de alrededor del 75% de la cotización por contingencias comunes, que se reducirá a cien euros al mes (1.200 euros anuales). Esta medida, aplicada a un sueldo bruto anual de 20.000 euros, implica que el empleador se ahorrará 3.520 euros anuales de cotización a la Seguridad Social por cada empleo nuevo creado.
Las empresas de menos de diez trabajadores pueden beneficiarse, una vez transcurridos los primeros veinticuatro meses, de doce meses adicionales de una reducción del 50% de la cuota por dichas contingencias.
Las empresas o autónomos que se acogen a esta tarifa plana están obligados a mantener, como mínimo, el nivel de empleo creado con la nueva contratación durante el período de aplicación de la reducción.
Asimismo, tampoco pueden haber realizado despidos disciplinarios o por causas objetivas, declarados improcedentes, o despidos colectivos en los seis meses anteriores a la fecha de celebración del contrato. Las empresas que no mantengan el nivel de empleo total ni el nivel de empleo indefinido en los tres años siguientes al contrato deberán reintegrar total o parcialmente las cantidades que se han ahorrado. Si incumplen el primer año, deberán ingresar la totalidad de la reducción; si incumplen el segundo año, deberán ingresar el 50% y, si incumplen el tercer año deberán ingresar el 33%.
Además, se exige que la empresa esté al día de sus obligaciones con la Seguridad Social y tributarias, y que no haya sido sancionada por incumplimientos de la legislación social en los últimos dos años. En particular, no podrán beneficiarse las empresas que hayan sido sancionadas por no dar de alta a trabajadores en la Seguridad Social.
La reducción de cotizaciones por contingencias comunes que supone la tarifa plana de cien euros no es compatible con otras bonificaciones a la Seguridad Social.
Deuda sin intereses para las comunidades
Las comunidades autónomas y las entidades locales obtendrán un ahorro de más de 7.400 millones de euros tras aprobar hoy el Gobierno nuevos mecanismos de financiación sin intereses con el objetivo de mejorar su situación financiera y abaratar sus costes de financiación.
Todos los mecanismos de apoyo a la liquidez de las autonomías se agrupan en el Fondo de Financiación de las Comunidades que tendrá las modalidades de Facilidad Financiera para las que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y período medio de pago a proveedores y mantendrán el tipo de interés del 0% durante los próximos tres años.
Otra modalidad es el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Fondo Social con el que las autonomías podrán financiar su deuda con las entidades locales.
Las facilidades financieras suponen que el Estado asuma las necesidades de financiación de las administraciones territoriales por importe de 39.869 millones de euros, de los cuales 12.880 millones corresponden a la facilidad financiera, unos 1.000 millones para el Fondo Social y 28.100 millones que se destinarán al FLA vigente.
En total, el ahorro por facilidades financieras ascenderá a más de 7.400 millones de euros, según Hacienda, repartidos en 5.811,5 millones de euros para las autonomías y 1.620,5 millones para las entidades locales.