Lunes 20/01/2020.

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El Congreso acuerda repartir los gastos de hipotecas entre banco y cliente, a la espera del Supremo

  • Una vez que se conozca la decisión sobre el impuesto de las hipotecas, se detallará el reparto para su aprobación

La nueva ley hipotecaria que tramita en estos momentos el Congreso repartirá entre las entidades financieras y los clientes los gastos de una hipoteca, aunque en todo caso esperará al criterio que establezca el Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la sentencia que se revisará el próximo 5 de noviembre.

Así lo han acordado los grupos en la última reunión de la ponencia de este proyecto de ley, celebrada este miércoles, según han informado a Europa Press diferentes fuentes de la ponencia que lleva la Comisión de Economía y Empresa.


PP, PSOE Y CS FRENTE A UNIDOS PODEMOS

El acuerdo adoptado por la comisión, en virtud del voto de PP, PSOE y Ciudadanos, es que los gastos se repartirán entre bancos y consumidores, frente al criterio de Unidos Podemos, que abogaba por que fueran las entidades financieras las que se hicieran cargo de todo.

Asimismo, según han informado fuentes de la comisión, la propia ley hipotecaria definirá qué gastos debe asumir el cliente y qué gastos corresponden a la entidad financiera, con el fin de frenar la litigiosidad en materia hipotecaria.

Este reparto se realizará una vez se conozca el criterio del Tribunal Supremo, que debe pronunciarse sobre quién es el sujeto pasivo a la hora de tributar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en el Pleno de esta institución previsto para el próximo día 5 de noviembre.


DETALLAR LOS GASTOS QUE DEBE ASUMIR CADA UNO

La previsión de la comisión que preside el exministro 'popular' Cristóbal Montoro era haber dado carpetazo a la ponencia para entonces, principalmente por el interés del Gobierno de tener aprobada la norma cuanto antes, ante el riesgo de una sanción por parte de la Comisión Europea.

Sin embargo, la decisión de esperar al criterio del Supremo ha provocado el retraso de una semana en los plazos acordados, ya que ahora la ponencia cerrará sus trabajos el martes 6 de noviembre, aprobará en comisión su dictamen a la siguiente semana y celebrará la votación de la ley y las enmiendas que queden 'vivas' al Pleno una semana más tarde.

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