La decisión, publicada este viernes en el Boletín de las Cortes y que recoge Europa Press, se hace en cumplimiento de la Ley Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, de 1984, que establece un plazo de nueve meses desde la notificación para recoger las firmas necesarias para que la propuesta pueda ser debatida por el Pleno de la Cámara. Un plazo prorrogable por tres meses si existe causa mayor.
Y es que el Congreso autorizó la puesta en marcha de esta ILP en enero de 2014, por lo que superado el plazo máximo declara la caducidad de la iniciativa, que perseguía poder «conocer los costes reales del sistema eléctrico y demostrar que el déficit de tarifa no existe».