El Tribunal Supremo ha suspendido la decisión del Ministerio de Industria de rebajar los peajes de la luz en octubre para compensar una subida de la electricidad a través de la subasta. El recibo de la luz, es el resultado de dos partes; lo que cuesta la energía en subasta y lo que cuestan los peajes. La decisión del Gobierno, se tomo para conseguir congelar el precio de la luz.
Ahora en un auto, contra el que no cabe recurso, el Supremo da la razón a las compañías Endesa e Iberdrola, que denunciaron la bajada de los peajes. En esos peajes se recogen los costes regulados del sistema eléctrico. El Gobierno de Zapatero lo redujo un 12% para contrarrestar una subida del precio de la energía que se habría dado a consecuencia de una subasta al alza.
El Supremo establece que deben aplicarse los peajes anteriores, y nos los reducidos.
La decisión judicial se produce a apenas unos días de que el nuevo Gobierno revise la tarifa de la luz.
El auto, refuerza la posición ya expresada sobre este asunto por el Supremo, que recientemente también anuló el artículo de la orden ministerial con el que el Gobierno congeló la luz en julio de 2010. Una medida que había sido acordada por el Gobierno de Zapatero con el entonces coordinador de Economía del PP y ahora ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
La suspensión responde a argumentos como que ya existen sentencias firmes que recogen la ilegalidad de la medida, que la tarifa de la luz debe reconocer todos los costes o que la decisión del Gobierno produce «graves perjuicios tanto para la estabilidad del sistema eléctrico como para las empresas eléctricas afectadas», señalan las fuentes.
Transferencia suspendida
Junto a esto, el Supremo también ha decidido suspender el artículo 5 de la misma orden, en el que la Administración posponía un pago relacionado con los derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico correspondiente a 2011.
En concreto, la orden establecía que esta partida no se contabilizara como coste de 2011, sino de 2012, lo que producía como efecto inmediato la devolución al sistema de 111 millones de euros que ya habían sido liquidados y cobrados por las empresas eléctricas en los primeros meses del año.