Viernes 24/11/2017.

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RSC. EL GOBIERNO INCREMENTA LA EXIGENCIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA A LAS GRANDES EMPRESAS

El Gobierno ha aprobado un real decreto ley que exige aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en grandes empresas en lo relativo a cuestiones sociales, medioambientales, recursos humanos, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Se trata del Real Decreto-ley que transpone la Directiva sobre divulgación de información no financiera y sobre diversidad, que modifica el Código de Comercio y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
La nueva información exigida hará referencia a las medidas adoptadas para promover la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.
En lo que atañe a cuestiones medioambientales, las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el medio ambiente, salud y seguridad, uso de la energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo del agua y contaminación atmosférica.
En materia de derechos humanos, el estado de información no financiera debería incluir información sobre los impactos potenciales y reales de la actividad de la empresa al respecto, así como las disposiciones aplicadas para impedir los abusos y medidas para mitigarlos, gestionarlos y repararlos.
En relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, las empresas deberán incluir información sobre los procedimientos y recursos de control interno dedicados a prevenir estas conductas.
Estos cambios normativos afectan a empresas grandes con consideración de entidad de interés público cuyo número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500.
Además, durante dos ejercicios consecutivos, el total de las partidas del activo de estas empresas deberá ser superior a 20 millones de euros, el importe neto de su cifra anual de negocios superar los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 250.
Para las sociedades anónimas cotizadas se exige además que incluyan, dentro del informe anual de gobierno corporativo, las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista aplicados en la elección de su consejo de administración.
En concreto, las relativas a edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.

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