Lunes 18/06/2018.

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DigitalES pide "sensibilidad" a los poderes públicos con las empresas en su adaptación al GDPR

La directora general de DigitalES, Alicia Richart, ha solicitado a los poderes públicos que sean "sensibles" con las empresas mientras se adaptan al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés) que entra en vigor este 25 de mayo y que supone pasar de un régimen reactivo en la protección de los datos personales a uno preventivo.

Richart ha remarcado que el nuevo reglamento, que prevé multas que pueden alcanzar los 20 millones de euros o hasta un 4% de la facturación anual y que crea la figura del delegado de Protección de Datos (DPO), estipula que el consentimiento para el uso de los datos tiene que ser inequívoco y verificable, y no tácito como hasta ahora.

"Esto significa que se pasa de un marco reactivo a uno preventivo, lo que requerirá que los poderes públicos sean sensibles al tiempo de adaptación de los procesos de las empresas a la nueva normativa, especialmente en lo relativo a las bases del consentimiento", ha incidido.

En este sentido, ha señalado que la adaptación al reglamento "pasa necesariamente por un nuevo modelo de relación con el cliente" y ha asegurado que todas las empresas coinciden en que la privacidad y la gestión de los datos de los clientes pasará a convertirse "en una ventaja competitiva para los negocios", basada en la confianza depositada por el cliente y en la transparencia de la empresa a la hora de informar sobre el tratamiento de sus datos.

Por ello, la directora general de DigitalES ha incidido en que es "muy importante" tanto informar sobre la finalidad del tratamiento de los datos de carácter personal, como que el consentimiento otorgado cubra la totalidad de los tratamientos para los que se solicita.

"Es necesario ofrecer al cliente una nueva propuesta de privacidad que cumpla con sus expectativas razonables y que mejore el canal de interlocución, permitiendo al usuario disfrutar de uno servicios seguros e innovadores en un escenario de transformación digital continua", ha agregado.

LEGISLACIÓN NACIONAL

Por otro lado, Richart ha señalado que, aunque el GDPR es una norma de directa aplicación en toda Europa que no necesita una Ley de Transposición Nacional, en general todos los países deberán adaptar su normativa nacional al nuevo modelo que supone un cambio radical de planteamiento.

En este sentido, ha afirmado que España es uno de los países más adelantados en la adaptación de la normativa nacional con la tramitación del anteproyecto de ley que modificará la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que se encuentra ya en la fase de debate parlamentario tras la "asombrosa cantidad" de enmiendas presentadas y que están siendo discutidas entre los grupos políticos.

En este contexto, Richart ha remarcado que es necesario que la nueva ley española "se adapte lo máximo posible al reglamento europeo, pero sin establecer claras diferencias o imponer nuevas obligaciones y cargas que dejen a las empresas españolas en desventaja competitiva con respecto al resto de países europeos".

"La protección de la privacidad supone un reto para la prestación de los servicios digitales tanto privados como públicos, y deberá conciliarse con el desarrollo de una industria digital europea que sea capaz de atender la demanda de unos servicios cada vez más personalizados que facilitan la vida del ciudadano, y que exigen un tratamiento de sus datos", ha resaltado.

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