«Las pruebas obtenidas en la investigación de la Comisión no fueron suficientemente concluyentes como para confirmar las dudas iniciales», ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Bruselas avisa, no obstante, de que «seguirá vigilando estrechamente» la situación de los mercados europeos del cemento.
La Comisión inició la investigación formal en diciembre de 2010, tras detectar posibles «restricciones» en la importación y exportación, coordinación de precios y otras prácticas de monopolio contrarias a las reglas del espacio económico europeo.
El expediente se abrió tras inspecciones en empresas del sector en noviembre de 2008 y en septiembre de 2009 en diez Estados miembros (Austria, Bélgica, la República Checa, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España, y Reino Unido).