En la sentencia a la que ha accedido Europa Press, el Juzgado Penal 1 de Manresa acusa al exdirector de producción de la entidad, Rafael Eduardo Sánchez Illera; al técnico en cargado de supervisar los aspectos medioambientales, Antonio Sánchez Espina, y a José Ramón Membrillera, que había sido consejero delegado de las sociedades Suria K y Potasas de Llobregat, hasta que en 1999 fueron adquiridas por Iberpotash.
La juez condena a los tres acusados por no haber tomado medidas para evitar los vertidos: «Nunca estuvieron autorizados administrativamente, y se producían de manera constante y con el negativo efecto ambiental y para la salud humana», recoge el fallo.
La explotación de Súria –otra estaba ubicada en Sallent (Barcelona)– tenía una enorme escombrera cerca del río Cardener que iba creciendo anualmente, además de dos pozos de extracción mineral, uno de ellas en el margen del río y otro junto a un afluente.
Las investigaciones policiales se habían iniciado en 1997 a partir de denuncias de vecinos de fuentes próximas porque la gran escombrera principal desprendía líquidos y «debido al deficiente depósito de los materiales y a la inexistencia de medidas correctoras».
DAÑO DEL ECOSISTEMA
Iban a parar en formas de vertidos a los ríos, rieras, torrentes y pozos de aguas subterráneos cercanos, «afectando gravemente las condiciones de sus aguas y del ecosistema, lo que era conocido o aceptado por los tres acusados», según la juez.
Los condenados también tendrán que indemnizar como responsabilidad civil el coste de la recuperación ambiental hasta la eliminación de la elevada salinidad y los compuestos orgánicos volátiles que presentan las aguas de los pozos, tanto en las minas de Súria como de Sallent.