Sábado 03/12/2016.

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(Ampl.) El juez de Dhul embarga 618 millones a los Ruiz-Mateos para cubrir el desfase patrimonial

Requiere la entrega en un plazo de cinco días de la documentación que acredite la compraventa de Nueva Rumasa
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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha decretado el embargo preventivo de bienes por valor de 618,26 millones de euros a los Ruiz-Mateos para cubrir el déficit patrimonial total del Grupo Dhul, una medida solicitada por la administración concursal ante los "visos reales" de calificación de concurso culpable.

En concreto, el juez ordena el embargo al fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, en calidad de "administrador de hecho" de Dhul, y a sus hijos Álvaro y Francisco Javier, en calidad de administradores de derecho de la firma de postres.

Según el auto judicial, al que tuvo acceso Europa Press, el embargo se extiende a todos los derechos patrimoniales que hayan asumido el patriarca y sus dos hijos como consecuencia de la operación de venta --"anunciada pero no demostrada"-- de Dhul y el resto de empresas de Nueva Rumasa a Back in Business y Posibilitum Business, sociedades controladas por el empresario Ángel de Cabo.

En este sentido, el magistrado Blas Alberto González requiere tanto a los embargados como a Back in Business y Posibilitum Business que presenten ante el Juzgado en el plazo de cinco días "todos los documentos privados y públicos que se hayan suscrito para formalizar y ejecutar la operación u operaciones de venta y control de Nueva Rumasa".

Entre la documentación demandada exige acuerdos marco, cartas de intenciones, anexos, documentos complementarios, garantías cruzadas y "cualquier documento rectificativo", incluidos aquellos en los que las partes pudieran haber podido pactar cláusulas de confidencialidad o reserva.

El juez considera que con esta operación se trata de "esquivar" posibles embargos y que "no es descartable que tras ello sólo exista un artificio fiduciario".

ADVIERTE DE SANCIONES.

Igualmente, ordena a los Ruiz-Mateos que presenten la relación de los bienes y derechos suficientes para cubrir las cantidades del embargo, "con apercibimiento de las sanciones que puedan imponérsele, cuando menos por desobediencia grave" en caso de que no lo hagan, presenten bienes que no sean suyos, excluyan bienes propios susceptibles de embargo o no desvelen las cargas y gravámenes que sobre ellos pesen.

El juez también acuerda dar traslado de la resolución a once entidades financieras, a la Agencia de Administración Tributaria, a la Seguridad Social, al INEM, a la Dirección General de Tráfico y a la Dirección General del Catastro para que faciliten la relación de bienes o derechos de los embargados de los que tengan constancia.

"Todo ello sin perjuicio de cuantas otras diligencias de investigación patrimonial nacional o internacional proceda efectuar de entenderse pertinente para el buen fin de esta medida cautelar", señala el magistrado.

En el auto, el juez argumenta la decisión de incluir al patriarca entre los embargados pese a no constar como administración de hecho, apuntando que su participación ha sido "decisiva, ineludible y nuclear" en los negocios de Dhul y "sin él no puede entenderse ni su grupo empresarial, ni la concursada ni lamentablemente su situación actual".

Además, constata el desvío de fondos de la empresas de postres a otras sociedades del grupo y remarca que los embargados no solo han podido generar la insolvencia de Dhul, sino que además la agravaron.

DHUL GARANTIZABA LA COMPRAVENTA DE COCHES Y VIVIENDAS.

Así, hace referencia al hecho de que el grupo alimentario ha garantizado de forma "masiva, indiscriminada y sin control alguno" deudas de otras empresas de Nueva Rumasa por al menos 640 millones de euros y, concretamente, obligaciones derivadas de la compra de Clesa y otras vinculadas a "operaciones de compraventa de viviendas disfrutadas por los Ruiz-Mateos o al disfrute de vehículos de algunos familiares de los administradores".

También alude a ventas ficticias para "maquillar" los resultados de la compañía o salidas de activos a cambio de derechos de cobro jamás ejercitados y de dudosa realización.

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