Domingo 17/09/2017.

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Los empresarios apelan a la seguridad jurídica ante el reto independentista

  • La CEOE ha aprobado un documento para apoyar la legalidad y la Constitución 
  • Los empresarios apelan a la seguridad jurídica ante el reto independentista EFE

Los empresarios españoles se han posicionado esta semana ante el pretendido proceso independentista de Cataluña, tras la convocatoria de un referéndum que califican de "ilegal" y ante el que apelan al cumplimiento de la Ley para preservar la seguridad jurídica.

La junta directiva de la CEOE aprobó esta semana un documento en el que apoya la legalidad y la Constitución, "que son las mejores garantías de la seguridad jurídica imprescindible para la competitividad de nuestras empresas".

No obstante, aboga por afrontar "con la mayor urgencia posible" este problema político "de gran envergadura" para "que no afecte a la convivencia social y prosperidad económica".

Su presidente, Juan Rosell, considera que en Cataluña hay un problema de "desafección muy importante" y apuesta por buscar una vía intermedia "entre la independencia y una sumisión total", así como por una reforma constitucional.

Al margen de opiniones personales, el principal miedo para la patronal es el posible impacto que, de continuar adelante, tendría la deriva secesionista en la confianza en el tejido empresarial e inversor, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Antonio Garamendi, presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (CEPYME), no cree que se haya producido deslocalización de empresas en Cataluña, aunque reconoce que "el mundo del dinero y los inversores son muy cobardes".

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaume Malet, ha asegurado en una entrevista con Efe que muchas empresas tienen planes de contingencia para cambiar la sede social, al tiempo que ve riesgo de ahuyentar inversiones empresariales, algo que "está pasando, aunque aún de forma minoritaria".

En la misma línea, el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha considerado que, aunque las empresas preparen planes de contingencia, se trataría sólo de "cambios de domicilio" ya que "no se están preparando de manera efectiva movimientos".

Y es que, aunque "es altamente improbable" que Cataluña acabe separándose de España, algunos empresarios están haciendo planes y "tomarán decisiones" para reubicarse en otros países si se llegara a ese "escenario", ha asegurado el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido que "cualquier tipo de veleidad independentista -que ha insistido, "no va a ocurrir"- tendría "un coste enorme desde el punto de vista de la prosperidad económica para la sociedad catalana y, por lo tanto, el Gobierno español no va a dejar que eso ocurra".

La agencia de calificación Moody's advirtió esta misma semana sobre las consecuencias negativas para la economía catalana y española que tendría el proceso secesionista, un escenario que no cree que se vaya a producir y que sería irracional.

Los expertos calculan que una hipotética independencia de Cataluña tendría un impacto importante comercial y financiero y podría llevar a una caída del PIB de entre el 20 y el 30 %.

La deuda soberana de España se encuentra entre un aprobado medio y un aprobado alto, según la calificación de Moody's, S&P y Fitch, con una deuda de 1,1 billones de euros (100,03 % del PIB), en tanto que la nota de Cataluña se encuentra en bono basura con perspectiva negativa, con una deuda de 75.400 millones (35,2 % de su PIB).

Desde el ámbito empresarial, la postura más comprensiva con el referéndum ha sido la esgrimida por la patronal Cecot, que forma parte de Foment del Treball, quien defiende el derecho de los ciudadanos a ser consultados como un elemento estructural de la calidad de la democracia.

"Consultar nunca debería dar miedo", ya que "las leyes son la expresión de una voluntad popular y no un elemento de coacción o inmutabilidad", por lo que "pueden ser modificadas y actualizadas", añade esta organización empresarial.

Por su parte, los representantes de los trabajadores siempre han defendido la búsqueda del diálogo para encontrar una solución política al problema, sin judicializarlo, al tiempo que han rechazado hacer un llamamiento a participar en el referéndum y han mostrado su preocupación por la protección a los funcionarios catalanes.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han dejado claro esta semana que hay una parte de la sociedad muy movilizada en Cataluña, donde hay una cuestión política que se debe abordar desde parámetros de negociación y debate político.

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