Los mercados parecen insaciables. Desde hace dos meses la prima de riesgo se encuentra en niveles considerados alarmantemente altos y las subastas del Tesoro se saldan cada vez a un interés más alto. Cada semana parece que se salva una etapa tras la cual vendrá la calma. El alivio que se esperaba tras el anuncio de rescate bancario apenas duró veinte minutos, lo mismo tras las elecciones griegas.
Los analistas coinciden, con una prima de riesgo en la estratosfera que se traduce en mayores intereses a la hora de colocar deuda, los mercados presionan a España en dos sentidos: por un lado quieren que se concrete la ayuda a la banca, por otro se esperan más reformas que consolide la confianza en el país. Esas reformas son las que coincidentemente piden dos informes, uno el de la Comisión Europea en sus recomendaciones, otro el del Fondo Monetario Internacional. Estas es lo que los mercados demandan y el Gobierno dice que no hará, quedan “deberes” por hacer:
1) Subir el IVA y los impuestos indirectos.
El FMI ha recomendado a España que aumente el IVA e impuestos especiales de forma temporal para compensar la falta de ingresos debido a la recesión. En el mismo sentido, la Comisión Europea ya ha señalado más de una vez que España, con el 18%, es uno de los países de la zona euro con menos recauda con este impuesto, y presenta uno de los niveles más bajos. Ambos organismos, tanto FMI como Comisión Europea recomiendan la subida del IVA e impuestos indirectos. Una posibilidad que el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy descartó hace tres días, este pasado fin de semana ante los periodistas que asistieron a la clausura de la Interparlamentaria Popular.
2) Bajar el sueldo de los funcionarios.
Esta es una recomendación que únicamente proviene del Fondo monetario Internacional, de nuevo para compensar la falta de ingresos debido a la recesión y “de forma temporal”. Hoy mismo, Ee secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que el Gobierno “tomará cualquier medida” antes que reducir el sueldo de los empleados públicos.
3) Eliminar las cotizaciones sociales.
Son recomendaciones que proceden tanto del FMI como desde la Comisión Europea, aunque se trataría de una reforma a largo plazo, una vez España hubiera alcanzado el objetivo de déficit del 3%. La idea según defendió el Comisario europeo de Asuntos Económico, Olli Rehn, pasaría por compensar estos recortes con los ingresos por IVA. De momento el Gobierno no se ha pronunciado al respecto.
4) Eliminar la deducción de compra-venta de vivienda.
Las deducciones por compra de vivienda disgustan a Bruselas, y tampoco se ven con buen ojo desde el FMI. Recuerdan que estas deducciones fiscales contribuyeron a crear la burbuja del ladrillo.
Se recuperó a principios de 2012, después de que el Gobierno de Zapatero lo eliminara en 2011. Hace una semana, la ministra de Fomento, Ana Pastor descartó acceder a esta demanda. La deducción, «está en vigor porque lo ha querido este Gobierno y no pensamos quitarlo”, sentenció Pastor en un desayuno informativo.
5) Más recortes y control sobre el gasto de las Comunidades Autónomas.
El FMI ha advertido que se debe racionalizar el gasto sanitario. Una partida que en la organización administrativa española corresponde a las Comunidades Autónomas. A su vez, en Bruselas ya han advertido la ley de Estabilidad Presupuestaria presentada por el Gobierno es un «paso positivo» pero insuficiente para controlar el gasto de las comunidades autónomas, principales responsables, según la Comisión “de los desvíos en materia de déficit público de España en 2011”. Para la Comisión, “la ley prevé un periodo de transición muy largo, hasta 2020”.
Con todo, al margen de las reformas estructurales que demandan, el rescate a la banca también añade tensión. Planea la incertidumbre porque se sabe que España pedirá un préstamo a la banca pero se desconocen las condiciones. Planea la incertidumbre y en la Cumbre del G-20, la propia Canciller alemana, Angela Merkel ha pedido a España “que le ponga cifra al rescate bancario”. Estos son los dos puntos que asustan principalmente a los mercados:
6) Qué fondo de rescate se utilizará.
Se desconoce un detalles importante: de cuál de los fondos de rescate procederá el capital para la banca española. El matiz es importante y es lo que establecerá la diferencia entre la huida de inversores privados y la imposibilidad de colocar más deuda; o un impacto más suave del rescate sobre la confianza inversora. Actualmente, sólo esta vigente el llamada fondo de rescate temporal, el «Fondo Europeo de Estabilidad Financiera” (FEEF). Sin embargo, en julio debería entrar en vigor el conocido con fondo de rescate permanente, el «Mecanismo Europeo de Estabilidad» (MEDE). Los dos fondos se simultanearán hasta 2013.
La diferencia para un inversor entre uno y otro, es crucial. El FEEF, no tiene prioridad de cobro. Es decir se encuentra al mismo nivel que el resto de acreedores a la hora de cobrar. El MEDE es distinto, tiene al igual que los fondos que presta el Fondo Monetario Internacional, sí prevalece en el cobro frente a otros acreedores, a menos que se suscriba junto con otros fondos. En ese caso, se adapta al tipo de prioridad de cobro que sus “compañeros”. Es decir, ante dificultades solventes, o una hipotética “quita” (condonación de deuda), el MEDE podría cobrar primero. Un punto que en todas partes espanta a los posible compradores privados de deuda, nadie quiere arriesgarse, por remota que sea la posibilidad a quedarse sin cobrar de vuelta.
España debería en todo caso pedir que, al menos, una parte del rescate venga del FEEF, del fondo temporal, porque según las normas del MEDE y a pesar de su prioridad inicial, el fondo debería adaptarse al grado de prioridad del FEEF. Es decir, existen menos probabilidades de asustar a los inversores, y que tengamos posibilidad de seguir colocando deuda, si recurrimos, aunque sea parcialmente al fondo de rescate temporal, el FEEF.
7) El círculo vicioso de la deuda
Lo que está claro es que aunque sea una ayuda a la banca y el vehículo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el que pide la ayuda y es garante de su devolución es el «Reino de España», y como tal, los 100.000 millones aumentarán sus cifras de deuda pública, en un principio prevista al 79% en 2012. Una ayuda de 100.000 millones aumentará la deuda de España automáticamente diez puntos. “Un porcentaje bajo si tenemos comparamos el impacto proporcional que tuvieron en otros países como Portugal e Irlanda”, señala David González de Dracon Partners. Sin embargo sí preocupa.
Prueba de ello ha sido la reiterada demanda en el G-20 desde España para que se desligue rescate bancario y deuda soberana. El problema que hace desconfiar a los mercados, es que el Estado aumenta su deuda para salvar a unos bancos que luego son precisamente los principales compradores de la deuda soberana en las subastas del tesoro. Es un círculo vicioso considerado altamente peligroso y que ya se ha accedido que recojan las conclusiones del G-20.