Sábado 16/11/2019.

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Polémica propuesta del Círculo de Empresarios

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El debate que viene: ¿Deben estar blindados los funcionarios?

  • Los funcionarios de carrera tienen un puesto vitalicio para garantizar la independencia de la administración frente al poder político.
  • En Suecia, la mayoría de los empelados públicos, tienen una relación contractual similar a la del sector privado.

El Círculo de Empresarios ha reiterado la necesidad de reducir el peso del sector público de una manera ambiciosa. La organización, en sus propuestas sobre los Presupuestos Generales del Estado 2015, considera que para cumplir con los objetivos de déficit se debería rebajar la representación de las Administraciones Públicas desde el 44% del PIB actual, al 35-40%.

Eso también pasa por reformular el modelo de contratación, despido y remuneración en el empleo público, hasta el punto que se puedan despedir a funcionarios en los mismos términos que los empleados privados.

En vísperas de las últimas elecciones genereles, en 2011, el presidente de la CEOE, Joan Rosell, aseguraba que había que “recolocarlos, formarlos para que puedan hacer otro trabajo, y, si no hay más remedio, despedirlo, aunque esa es la última solución (…)”. En esa misma época, desde el Instituto de Economía Familiar se pidió “que la estabilidad en el empleo público sea similar al de la empresa privada”.

No es la primera vez que se lanza esta idea al debate. “Cada mes se habla de lo mismo. Nosotros no nos oponemos a una evaluación. La norma ya existe, se trata de desarrollar lo establecido en la Ley reguladora del EBEP, aprobada en 2007”, recuerda  Miguel Borra, presidente de la CentralSindical Independiente y deFuncionarios (CSI-F), al tiempo que recalca que ningún Gobierno ha realizado una “ley de función pública para la administración del Estado. Nadie se ha sentado a hacerlo, ni este Ejecutivo ni el anterior”.

Los funcionarios no siempre han tenido garantizados de forma vitalicia su puesto de trabajo. “En la época de Benito Pérez Galdós, los funcionarios pasaban a ser cesantes cuando su partido perdía las elecciones”, recuerda José Villacís, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Era el sistema del “spoil system” el partido que ganaba las elecciones despedía a los funcionarios y los sustituía por otros afines.

Desde el Círculo de Empresarios matizan que “antes de hablar de despidos” entre los 3 millones de funcionarios, se deberían contemplar incentivos y reorganizaciones que fomenten la eficiencia.  “Sí, pero ¿cómo se mide la eficacia de los funcionarios o su productividad? Ante la imposibilidad, es quizás mejor asimilar su estatus al privado. Habría que cambiar el estatuto”,asegura Villacís

Pero las cosas son más complejas. Desde “¿Hay Derecho?”, Javier Valero Iglesias, Administrador civil del Estado, recuerda que la inamovilidad en el empleo de un funcionario “es una garantía funcional que el sistema de función pública profesional tiene para que los funcionarios ejerzan sus tareas con imparcialidad y objetividad, es decir, en una posición de neutralidad respecto de quien ejerza la dirección política de la Administración Pública”.

“Es el símbolo de la independencia de la administración frente a los poderes políticos”, subraya Borra.

Es decir es una forma de garantizar la neutralidad del Estado por encima de los cambios políticos, lo contrario de lo que sucedía en tiempos de Galdós y su novela, Miau. “¿Alguien se imagina a un empleado público, que se sabe temporal, negándose a orientar en el sentido que le sugiera su superior, un informe del que dependen un contrato o una subvención a una empresa, cuando su continuidad en el puesto puede depender de ello”, recalca.

“En Suecia, los empleados públicos se organizan en regímenes contractuales cancelables. Son para el 90% del empleo público con raras excepciones, como los jueces. El despido de funcionarios me parece una idea lógica. Aunque en abstracto la idea de preservar la neutralidad tiene sentido, lo cierto es que en la práctica sí hay maneras de llevar a la práctica las presiones. Hay que analizarlo, sin olvidar que todo privilegio ha sido el algún momento un derecho consolidado”, defiende Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana.

“No todos los empleados públicos tienen garantizado el puesto de trabajo en España. La crisis se ha llevado por delante a 400.000 empleos de interinos. Eran médicos, maestros o bomberos”, defiende Borra.

“¿Un puesto vitalicio?, depende de cómo y de qué manera. El hecho de tener un puesto para toda la vida otorga unas prerrogativas difícilmente justificables en determinadas categorías y escalas. Y la neutralidad política nunca está garantizada”, señala Rafael Martín-Rivera, abogado y analista.

También desde el CEU, el profesor Miguel Córdoba Bueno sí cree que es necesario un cambio para los 3 millones de funcionarios que hay en España. “Cualquier nueva contratación debería ser un contrato laboral como en la empresa privada, pero con excepciones: militares, diplomáticos, jueces, policías o médicos”, reconoce, precisamente para garantizar esa neutralidad en la función pública.

El economista recalca que “aunque hay que refundar el modelo no se deben eliminar los derechos adquiridos. Especialmente si tenemos en cuenta que prácticamente la mitad de los funcionarios en España tiene más de 50 años (el 45,2% en 2011). Habrá una renovación a la fuerza”.

Es decir, reformar progresivamente y no sólo al aspecto vitalicio del puesto: “Se debería incrementar la capacidad de adaptación y la eficiencia, así como el tema de la excedencia.  Que trabajaran mañana y tarde. Implicaría más eficacia, menos personal, y por lo tanto menos déficit”, concluye el economista.

“En los próximos años se tratará de administrar menos recursos para cumplir con las necesidades esenciales. Sabemos que de cara al futuro las tasas de crecimiento no serán muy altas y será difícil crear empleo”,  explica Valentí Pich, presidente del Colegio de Economístas

Los expertos coinciden en que el problema de la función pública no es necesariamente de número de trabajadores pero sí, de preparación y eficacia. El empleo público se ha reducido cerca de un 11% desde 2011. Entonces, y según cifras de la OCDE España no era uno de los países europeos con más puestos en la Administración Pública. Estaba por debajo. Los empleados públicos representaban el 12,3% de la población activa frente al 29% noruego o el 20% francés. España es el cuarto país de la Unión Europea con menos funcionarios respecto a su población.

Las necesidades de la administración, hoy en día, no es la misma que hace treinta años.  “Quizás el sistema de acceso por oposición ya no sea el más adecuado. En otros países hay escuelas especializadas de la función pública, algunas de gran prestigio, en las que se orienta a uno u otro puesto, escala o categoría en función de resultados y aptitudes demostrados; es una auténtica carrera profesional iniciada desde el principio, no proveniente de otras áreas universitarias”, sugiere Martín-Rivera.

 “Las oposiciones al Estado son muy duras  y dan mucha formación. Una oposición de elevado nivel no tiene mucho que envidiar a un doctorado de Harvard”, valora Villacís.

Lo que parece seguro es que se avecinan cambios. Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, aseguró hace unos días que el Gobierno quiere ligar la productividad,  las subidas salariales de los funcionarios. Sin dar detalles, adelantó que pretende avanzar en una evaluación y se premie "a quienes e estén trabajando más”.

Tampoco hay que olvidar que hace más de un año que está sobre la mesa un informe de expertos técnico sobre el desarrollo delEstatuto Básico del Empleado Público.

Los expertos estiman que se debería establecer un sistema de evaluación del desempeño del funcionario en su puesto y contempla la posibilidad del despido en caso de una evaluación negativa. Se trataría de poder cesar, además de por cuestiones disciplinarias o penales, por el incumplimiento de los requerimientos del puesto.

Actualmente el despido del funcionario de carrera únicamente se contempla en caso que se produzca un delito de gravedad como revelar un secreto de Estado, incurrir en prácticas discriminatorias,  o aprovechar el cargo en beneficio propio.


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