Manuel Fernández Sousa-Faro puede tener los días contados como presidente de Pescanova. Los bancos acreedores y los accionistas de referencia del grupo han retirado totalmente su confianza al hombre que ha llevado a la compañía al concurso de acreedores. Sólo están esperando a que este viernes venza el plazo para que la compañía presente sus estados financieros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para intentar dar el empujón definitivo al hombre cuyo mandato termina el 23 de abril. La posibilidad de una reelección es cada día más dudosa.
Con su negativa a agotar los plazos para refinanciar la deuda y las negativas reiteradas a poner negro sobre blanco la situación financiera del grupo, Sousa-Faro ha convertido la compañía en un auténtico polvorín. Su gran problema ahora reside ahora en la actitud del medio centenar de bancos que le financiaron su ambicioso plan de crecimiento, que ha generado una deuda de 2.700 millones de euros.
Los bancos se sienten engañados y ya no están dispuestos a acercar posiciones con el presidente. En unos diez días, Pescanova solicitará formalmente el concurso de acreedores en el juzgado y forzará a las entidades financieras a provisionar el 25% de la deuda con la matriz, que es la afectada por la suspensión de pagos. Pero si el concurso se alarga durante un año, tendrán que provisionar el 100%.
El problema crece porque gran parte de la deuda se concentra en las filiales del grupo, para las que no se ha solicitado el concurso. “El resultado es que para cada banco afectado la situación es distinta. Si Fernández-Sousa cree que hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo global con los bancos, que se olvide. Ha creado una situación tan difícil que será un milagro que haya unidad de acción entre los propios acreedores. Cada cual tiene sus propios intereses porque sus problemas son distintos”, señalan fuentes financieras.
En este escenario, Fernández-Sousa ha convertido en un objetivo remoto incluso que la compañía pueda conseguir financiación bancaria inmediata para solventar sus problemas de liquidez. Sólo hay caja para pagar los gastos de personal y de proveedores durante una semana. Una situación desesperada porque la ruptura entre el presidente y los acreedores es total.
Es muy posible que los bancos más ‘pillados’ con deuda de Pescanova intenten llegar a un acuerdo de urgencia para que la compañía siga operativa y evitar males mayores, pero resulta impensable una actuación coordinada del conjunto de acreedores. Mientras, la compañía intenta a la desesperada vender activos para garantizarse dinero fresco. Pretende deshacerse de Acuinova Chile por unos 200 millones de euros. Sólo un golpe de timón, que empezaría por un ‘striptease’ integral de Pescanova en sus cuentas que podría poner aún más en evidencia a Fernández-Sousa, podría provocar un cambio de escenario.
Incendio entre los accionistas
Mientras crece la sospecha de delito societario y a la espera de la revelación de los estados financieros este viernes, los accionistas institucionales del grupo buscan la fórmula para forzar la salida de Fernández Sousa. Tres de los doce miembros del consejo de administración que representan a Damm, Luxempart e Iberfomento se negaron a firmar las cuentas del grupo y votaron en contra del preconcurso.
Pero entre la legión de inversores sin voz ni voto que confiaron en el proyecto de Sousa la indignación crece y crece. Entre ellos están grandes instituciones extranjeras –gestoras de fondos y de pensiones- que entraron en la ampliación de capital de 125 millones de euros realizada el año pasado. Estos fondos tienen fuerza de sobra para hacer la vida imposible a Fernández-Sousa si sigue al frente de la compañía. Compraron las acciones de Pescanova a 13,45 euros por acción, mientras que el último precio en bolsa es de 5,91 euros. Un nivel desde el que el valor podría desplomarse de nuevo cuando el mercado dicte sentencia con las cuentas del grupo en la mano.