En un comunicado, los arquitectos han recordado que la Ley de Ordenación de la Edificación concretó en 1999 un marco normativo «avalado por la sociedad española y consensuado por todos los agentes intervinientes en el sector de la edificación».
Tal y como han explicado, el cambio de este marco regulador propuesto en dicho borrador «es contrario a lo ordenado por el Parlamento Europeo y supone una dejación, por parte del Estado, en su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos».