La asociación ha reclamado que la normativa debería ir «más allá» y ofrecer mayores garantías a la ciudadanía en un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda.
Facua considera «imprescindible» que se limiten los precios del alquiler, no solo su subida, para así conseguir una «mayor protección de los derechos de los consumidores» y evitar el «alto coste de los alquileres» que asegura que existe en muchas ciudades españolas y que termina expulsando a una parte de la ciudadanía de los centros de las mismas.
En este sentido, Facua insiste en la necesidad de dar competencias a los ayuntamientos para limitar estos precios y establecer topes y no permitirles únicamente fijar máximos en las subidas.
El real decreto es parte de un compromiso realizado por el Gobierno y se incluía en el paquete de medidas acordadas entre el Ejecutivo y Podemos el pasado mes de octubre.
La nueva normativa incluirá el aumento de la prórroga de alquiler de tres a cinco años, como ya ocurría en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y que modificó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, limitará la fianza a un máximo de dos mensualidades y, en los casos en los que el arrendador sea una persona jurídica, obligará al mismo a asumir todos los gastos derivados de la gestión inmobiliaria y de formalización de contrato.