Miércoles 14/11/2018.

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La Eurocámara estudia señalar a los países que otorgan visados por comprar viviendas de lujo, como España

El Parlamento Europeo estudia señalar a aquellos países europeos que, como España, conceden permisos de residencia a ciudadanos extranjeros que compran viviendas de lujo en su territorio, al entender que estas prácticas abren la puerta a comportamientos delictivos como la evasión fiscal, la corrupción o el blanqueo de dinero.

En un informe preliminar elaborado por dos eurodiputados, la comisión especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales de la Eurocámara alerta de que la mayoría de los Estados miembros han optado por incluir estos esquemas que pueden suponer "riesgos significativos".

El documento recoge que al menos 5.000 ciudadanos de terceros países han obtenido la ciudadanía europea a través de estos esquemas. Sólo diez socios comunitarios no incluyen esta posibilidad en sus legislaciones nacionales (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia).

En España, la ley de apoyo a emprendedores aprobada en 2013 permite conceder el llamado "visado de residencia para inversores" a los "extranjeros no residentes que se propongan entrar en territorio español con el fin de realizar una inversión significativa de capital". Y añade que se entenderá como "inversión significativa de capital" la adquisición de bienes inmuebles con una inversión igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante.

También las inversiones iniciales por un valor superior a los dos millones de euros en títulos de deuda pública española o superiores a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

Así, el informe que han elaborado los eurodiputados Ludek Niedermayer (Partido Popular Europeo) y Jeppe Kofod (Socialistas y Demócratas) recuerda que muchas investigaciones sobre corrupción y blanqueo de capitales tanto a nivel nacional como europeo están relacionadas con estos esquemas.

También critica que estos programas incluyen habitualmente privilegios fiscales para los beneficiarios, así como que estos privilegios "pueden obstaculizar el objetivo de que todos los ciudadanos contribuyan con justicia al sistema fiscal".

Por último, el documento advierte de que los beneficios económicos de este tipo de programas "no compensa los graves riesgos" de blanqueo y evasión fiscal, y por ello pide a los Estados miembros que retiren "cuanto antes" este tipo de esquemas.

EL INFORME SE VOTARÁ EN 2019

Niedermayer y Kofod han presentado este miércoles el informe con las conclusiones y recomendaciones preliminares que debe adoptar a principios del próximo año la comisión especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales de la Eurocámara. Tras este paso se abre el periodo para que los grupos políticos presenten sus enmiendas para modificar o ampliar el texto.

Según ha expresado el conservador checo, la UE ha ido cerrando "gradualmente" las lagunas que existían en la legislación europea sobre blanqueo, evasión, fraude y planificación fiscal agresiva, pero ha añadido que sólo habrá mejoras reales "si las autoridades utilizan todas las herramientas disponibles con efectividad y fortalecen la cooperación dentro y entre los Estados miembros".

"Aunque se han hecho progresos, los Estados miembros todavía deben lograr un acuerdo sobre elementos cruciales de un marco legal modernizado para una mejor fiscalidad, como la base imponible común y consolidada del impuesto de sociedades (BICCIS), la reforma definitiva del sistema de IVA o las normas para las actividades digitales", ha expresado Niedermayer.

Por su parte, el socialdemócrata danés ha denunciado que las normas sobre blanqueo de capitales en Europa son "una manta hecha con un entramado" de legislaciones nacionales y europeas que "claramente no cubren todas las necesidades" y cuyos "parches" no están alineados, lo que permite el blanqueo a "gran escala" en los bancos europeos.

Además, Kofod ha señalado que los casos que ha investigado la comisión especial demuestran que la cooperación entre las autoridades nacionales "sigue siendo sorprendentemente inadecuada". "Desde los archivos Cum/ex hasta el caso del Danske Bank hemos visto un patrón de cooperación lenta, insuficiente y completamente disfuncional", ha denunciado.

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