Domingo 16/12/2018.

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El Congreso reclama más garantías ante los desahucios y prohibirlos cuando no exista alternativa habitacional

Sólo el PNV vota en contra de la propuesta de Podemos, mientras que el PP y Ciudadanos optan por abstenerse

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa en la que se insta al Gobierno a prohibir todo desahucio cuando no se disponga de alternativa habitacional y cambios legales necesarios para que las personas demandadas en casos de desahucios puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez evalúe las posibles situaciones de vulnerabilidad y de acceso a la vivienda.

La iniciativa, llevada a la Cámara Baja por Unidos Podemos, ha sido secundada por PSOE, ERC, Compromís, Nueva Canarias y Coalición Canaria, mientras que PP, Ciudadanos, PDeCAT, EH-Bildu, UPN y Foro Asturias han optado por abstenerse. PNV ha sido el único grupo en votar en contra.

La moción, consecuencia de la interpelación dirigida al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reclama garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y prohibir los desalojos sin alternativa habitacional, cumpliendo así las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas.

Para ello, el Congreso pide modificar la ley de Enjuiciamiento Civil y la ley de Arrendamientos Urbanos y establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades autónomas y ayuntamientos para definir actuaciones conjuntas entre jueces y servicios sociales, y así que en casos de desalojos a familias y personas en situación de vulnerabilidad se garantice una alternativa habitacional o alquiler social.

Asimismo, estos desalojos, señala el texto aprobado, deberán producirse una vez haya habido "una consulta genuina y efectiva" con las personas afectadas y de las que comunidades y ayuntamientos "hayan realizado todos los pasos indispensables" para que las personas desalojadas tengan vivienda, en especial en casos con familias, personas mayores, niños y personas en otra situación de vulnerabilidad.

UN PLAN QUE GARANTICE ALQUILER PÚBLICO Y SOCIAL

Por otro lado, la Cámara Baja exige garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos, cumpliendo así otra de las recomendaciones del Comité DESC de la ONU, y reclaman impulsar un plan estatal en coordinación con las comunidades autónomas que impulse programas permanentes de ayuda al alquiler con el fin de evitar el lanzamiento de personas en situación de exclusión residencial.

Esto pasa también para aumentar el parque público de viviendas en alquiler hasta situarlo en la media del resto de países de la Unión Europea, con porcentajes de vivienda social, según señalan, de entre el 17% y el 32%, establecer una línea de crédito desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar la construcción o rehabilitación de viviendas para alquilar.

Asimismo, también reclama promover acuerdos con la Sareb y bancos para ceder a ayuntamientos y comunidades viviendas vacías con el fin de alquilarlas y ayudas directas para el pago de la renta del alquiler hasta el 40% de la misma para familias con ingresos no superiores a tres veces el IPREM.

Por último, también llama a luchar contra el acaparamiento de viviendas en manos de grandes sociedades o entidades tenedoras de la misma, obligando a ceder sus viviendas a administraciones competentes y hacer frente, denuncian, a "la situación de emergencia social de personas o familias en riesgo de exclusión", y obligar a estos a garantizar el alquiler social a estas personas.

PODEMOS RECHAZA VOTAR POR PUNTOS SU MOCIÓN

Durante el debate parlamentario, varias formaciones como Ciudadanos o PNV han solicitado a Unidos Podemos la votación por puntos de su propuesta en caso de negarse a aceptar las enmiendas de sus grupos, que compartían buena parte de sus propuestas para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité DESC.

Sin embargo, el diputado de Unidos Podemos Rafa Mayoral, que ha defendido la iniciativa ante el Pleno del Congreso, ha rechazado matizar de modo alguna el texto. En su intervención, ha animado a los diputados a leer las respuestas del Ministerio de Justicia ante los requerimientos del organismo internacional --"Un manzanas traigo", ha ironizado-- y ha lamentado la falta de compromiso de la Cámara para modificar las leyes y así dar cumplimiento a la resolución.

En esta resolución, el Comité DESC instaba a España a prohibir los desalojos sin alternativa habitacional por constituir una vulneración de los derechos humanos y llamaba a asegurar una efectiva tutela judicial en procedimientos de desahucio, permitiendo al demandado oponerse y ser sometido a una evaluación ante su posible vulnerabilidad.

Mayoral ha recordado que hace justo una semana, el mismo 8 de marzo, este comité emitía una resolución cautelar para paralizar el desalojo sin alternativa a otra familia. "Les pido que no me hagan caso, sino que lean el dictamen", ha pedido, recordando que España es "el país de Europa con más viviendas vacías".

"VIENE A HACER SANGRE"

El diputado de la coalición de izquierdas ha sido reprendido en las sucesivas intervenciones por el resto de grupos, a pesar de declarar compartir la voluntad de hacer cumplir tal mandato. "Viene a hacer sangre", ha dicho la 'popular' Ana María Zurita, que ha asegurado que el descenso del 84% en ejecuciones desde el segundo trimestre de 2014, máximo histórico, "no tiene otra firma que la del PP".

Por su parte, la socialista Mar Rominguera, portavoz de Vivienda del PSOE, ha lamentado que insistan en traer medidas ya respaldadas por el Congreso, incluso algunas propuestas por su formación. "Mañana llevarán la misma al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. No sé qué pretenden", ha dicho.

Ciudadanos, a través de su diputada Melisa Rodríguez ha pedido a Podemos considerar que no todos los propietarios "son grandes compañías con grandes paquetes de vivienda", y por el PNV Íñigo Barandiaran ha criticado tanto la visión del "estatuto de propiedad" que subyace de su propuesta como cierto centralismo, pues reclama que sea el Estado quien asuma competencias que ya son ejercidas por las comunidades autónomas.

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