Jueves 08/12/2016.

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Fenacore insta a CC.AA. y Defensor del Pueblo a interponer recursos a la reforma de la Ley de Aguas

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha solicitado a los presidentes de las comunidades autónomas y al Defensor del Pueblo que interpongan recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas por reconocer el traspaso a Andalucía, Aragón y Cataluña de las competencias sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH), según ha informado la organización en un comunicado.
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La organización ha considerado que la aprobación de la reforma se ha realizado con "agostidad y alevosía", ya que se incluyó en un paquete de medidas con el fin de que pasara "desapercibida" ante la opinión pública y "conseguir sacarla adelante antes de que concluya esta legislatura".

En su opinión, a poco más de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta de Andalucía para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional ambos trabajan a "contrarreloj" para encontrar el modelo adecuado que permita a esta región recuperar el control de la cuenca, obviando acatar las sentencias existentes.

Además, Fenacore ha recordado que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional anularon este verano las competencias de Andalucía sobre el Guadalquivir reflejadas en su Estatuto de Autonomía, lo que pone de manifiesto que cualquier pretensión de territorializar la gestión del agua a través de arquitecturas jurídicas o estrategias legales debe ser igualmente invalidada.

Del mismo modo, ha remarcado que la modificación no ha sido llevada a consulta ni al Consejo Asesor de Medio Ambiente ni al Consejo Nacional del Agua, organismo que debería haber emitido un informe preceptivo al respecto y ha señalado que la reforma se ha sacado adelante vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin contar con los usuarios ni el resto de administraciones afectadas por la medida.

Por último, Fenacore ha subrayado que el Dominio Público Hidráulico no es susceptible de transferencia ni delegación. "Al margen de su inconstitucionalidad, esta reforma es, sobre todo, perjudicial para los usuarios y, muy en particular, para los andaluces porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos", ha concluido su presidente, Andrés del Campo.

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