Martes 12/12/2017.

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Bruselas valora nombrar un responsable de seguridad alimentaria en cada país tras los huevos contaminados

La Comisión Europea y los Estados miembros estudiarán la posibilidad de establecer un responsable de seguridad alimentaria en cada país de la Unión Europea con el objetivo de mejorar la coordinación y el flujo de información en el bloque comunitario ante casos como el fraude de los huevos contaminados con fipronil.

Así lo ha explicado el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, después de la reunión que ha mantenido con responsables de los Estados miembros para evaluar la respuesta ante el caso de los huevos contaminados y analizar cómo se pueden mejorar los mecanismos de alerta en la UE.

"Estudiaremos cómo establecer un responsable de seguridad alimentaria en cada Estado miembro para asegurar que la información fluye tan rápido y eficiente como sea posible", ha explicado en una rueda de prensa en la que sin embargo no ha querido entrar en los detalles de esta nueva figura, aduciendo que los socios europeos todavía tienen opiniones diferentes sobre la futura implementación de esta medida.

En concreto, el documento de conclusiones acordado este martes establece que "debe considerarse el modo de establecer un responsable de seguridad alimentaria que actúe como un contacto experimentado y de confianza en relación a cuestiones de seguridad alimentaria".

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario y los países de la UE han acordado mejorar la coordinación entre el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) y el sistema Asistencia Administrativa y Cooperación (AAC), las plataformas comunitarias para gestionar casos sobre seguridad alimentaria y fraude alimentario, respectivamente.

El objetivo de esta medida es evitar fallos como el sucedido en julio, cuando las autoridades belgas solicitaron información sobre el uso de fipronil a Países Bajos mediante el AAC, que es una herramienta principalmente bilateral, mientras que Bruselas fue informada únicamente sobre el fraude dos semanas después, cuando Bélgica lo comunicó a través del RASFF.

De este modo, las conclusiones acordadas este martes también abogan por establecer una red europea con un único punto de contacto para cada Estado miembro tanto para el RASFF y el AAC. Además, el texto destaca la necesidad de mejorar la comunicación ante casos de fraude y de seguridad alimentaria, de forma que alcance el público general de una forma rápida y armonizada.

En la misma línea, el documento insta al Ejecutivo comunitario a "utilizar toda la información relevante" que obtenga en las misiones de investigación que enviará a Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia a principios de octubre.

En cualquier caso, Andriukaitis ha afirmado que la actuación de Bruselas tras el escándalo "no va sobre imponer sanciones" a los países donde se ha detectado el uso de este insecticida, prohibido para producción alimentaria en la UE, sino sobre cómo fortalecer la coordinación entre los socios europeos.

"Preservar la salud pública y la seguridad alimentaria es una responsabilidad colectiva. La amplitud de la oferta de alimentos supone desafíos que nos exige mantener sólido y eficiente el sistema de detección de fraudes y los procedimientos, así como comunicar y cooperar en todos los niveles", ha señalado Andriukaitis.

"Los casos de fraude alimentario como este pueden dañar la confianza pública en la seguridad alimentaria y eventualmente pueden conllevar la destrucción de la confianza en una industria particular. Las actividades fraudulentas de unos pocos no deben tener estos efectos devastadores", ha confiado.

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