Miércoles 07/11/2018.

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El TC rechaza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a la Ley de Vivienda vasca por el PP

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el anterior Gobierno de Mariano Rajoy a la Ley de Vivienda del País Vasco.

La sentencia, recogida por UGT en un comunicado, señala que el hecho de que una vivienda no cumpla con su función social de necesidad "vital" para el ser humano, faculta a las administraciones públicas a intervenir en una adquisición preferente, en un desahucio administrativo, en un alquiler forzoso o en multas, entre otros.

No obstante, el Alto Tribunal ha declarado inconstitucional los supuestos relativos a la expropiación temporal del uso de viviendas de personas en situación de emergencia social inmersos en procesos de desahucio por ejecución hipotecaria o por impagos en el alquiler.

Para el anterior Gobierno, la Ley de Vivienda del País Vasco introducía "el deber de ocupación de la vivienda deshabitada, sancionando su no ocupación, invadía competencias estatales de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

El Parlamento Vasco aprobó en junio de 2015 la Ley de Vivienda a iniciativa del PSE, que contó con el apoyo de EH Bildu y UPyD y fue rechazada por el PP y el PNV. Esta norma fue recurrida por el Gobierno del PP en marzo de 2016 alegando que varios de sus preceptos excedían de las competencias de la Comunidad Autónoma.

En un comunicado, UGT ha asegurado que la Ley configura "un uso adecuado de una vivienda, entendido como la utilización acorde a su función social de modo que no se produzcan situaciones injustificadas de una vivienda deshabitada o sobreocupada".

PARA USO Y NO COMO INVERSIÓN

Para el sindicato, esta sentencia supone "un paso más" en la buena dirección de asignar a la vivienda un valor de uso y despojarla del carácter de instrumento de inversión y de búsqueda de rentabilidad, apostando por un mayor impulso para conseguir un parque de vivienda social destinada al alquiler.

Además, considera que también ayuda a implementar una política de precios de alquiler públicos y una política de suelo que tenga "el principio de derecho de superficie como instrumento principal de sus políticas de vivienda".

La organización que lidera Pepe Álvarez cree que es "imprescindible" poner en valor el grave problema de acceso a la vivienda que existe en el país y buscar soluciones habitacionales a aquellas familias que han sido víctimas de desahucios.

Por ello, UGT insta al Gobierno a que legisle, mediante una norma básica, para acabar con los ciudadanos de primera y segunda según donde residan o el poder adquisitivo que tengan.

El sindicato ha hecho hincapié en la necesidad de configurar el derecho de una vivienda digna, adecuada y accesible como un auténtico derecho subjetivo e inviolable tanto para los poderes públicos como para los tribunales de justicia cuando se carezca de recursos, "en igualdad de trato, oportunidades y sin ningún tipo de discriminación".

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