Sábado 20/10/2018.

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Sordo (CCOO) cree que, si el Gobierno no puede derogar la reforma laboral, debe "derribar sus aspectos principales"

Lamenta que "las mayores críticas" al acuerdo salarial vengan de las patronales "más chapadas a la antigua" y los sindicatos nacionalistas

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que, si el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no puede derogar la reforma laboral, debe "derribar sus aspectos principales", ya que, entre otras cuestiones, se está "en tasas de precariedad, temporalidad y parcialidad altísimas".

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Sordo manifiesta, además, que, en lo que respecta a las pensiones, hay que "abrir la discusión, no buscar efectismos y no dar patadas a seguir".

"Abordar el problema de la estructura de ingresos del sistema donde se pueden tomar medidas desde ya para disminuir el déficit. Y derogar los aspectos de la reforma de 2013 que acarrearía en un futuro la pérdida de calidad de la pensión", argumenta.

Tras valorar que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez se han mostrado a favor de abordar debates que CCOO considera "prioritarios, como modificar los aspectos esenciales de la reforma laboral de 2012 y de la reforma de las pensiones de 2013", reconoce que todavía se está "en la fase declarativa y mientras no haya nada sobre la mesa es difícil hacer juicios de valor".

"Esperamos que el Ejecutivo cumpla el papel que le toca en caso de que CEOE y Cepyme se nieguen a abordar cambios en profundidad en la legislación laboral", confía.

No obstante, reconoce que si como dice el Gobierno no hay una mayoría política para derogar la reforma laboral, se debe hablar "de estas seis u ocho cosas que hay que derribar".

"Para nosotros la conformidad sería eliminar o modificar esos aspectos principales de la reforma laboral. Son cuestiones que debemos abordar porque estamos en tasas de precariedad, temporalidad y parcialidad altísimas. Nosotros no vamos a renunciar a ninguna de estas piezas", advierte.

A su juicio, a la CEOE se le ha dado "tanto" en los últimos años que no va a tener ningún incentivo para sentarse a negociar, y "ahí es cuando le vamos a exigir al Gobierno que busque mayorías parlamentarias, que no estarán fáciles, pero que son posibles".

De este modo, señala que a partir de septiembre comprobarán el recorrido que tendrán las negociaciones y "no es que descartemos que vaya a haber movilizaciones, sino que ya las está habiendo".

PACTO SALARIAL

Respecto al pacto salarial alcanzado con la Patronal, Sordo indica que el acuerdo es hasta el año 2020 con lo cual el planteamiento es que en las mesas de negociación de este curso y sobre todo del próximo y el siguiente "se pongan encima de la mesa incrementos salariales que van a poder permitir recuperar el poder adquisitivo de los salarios y sobre todo que pretenden dar un arreón hacia arriba a las retribuciones más bajas".

"Pero hay que dejar una cosa clara también. Si no se modifican las reglas de la negociación colectiva y de las inaplicaciones de los convenios en las empresas, es decir, si no se modifica la reforma laboral, el acuerdo pierde cierto poder porque vincula menos", advierte.

En lo que respecta al País Vasco, considera que es "muy sorprendente" que, además de por las patronales "más chapadas a la antigua, las mayores críticas al acuerdo salarial vengan de los sindicatos nacionalistas".

Por otro lado, cree que el destope de las bases máximas es "necesario", ya que, si se destoparan totalmente, "podría suponer una recaudación de 8.000 millones de euros, aunque habría que medirlo bien porque los salarios más altos se podrían escapar hacia otras fórmulas de retribución".

"Habría que medirlo bien para que no salga el tiro por la culata. Pero con subir la base máxima de cotización de 45.000 a 54.000 euros, que parece razonable, se recaudarían 1.000 millones de euros más al año. En esa horquilla entre los 1.000 millones y los 8.000 hay que trabajar", insiste.

Por último, cuestionado por el traspaso de la competencia de la Seguridad Social reconoce que todavía no ha conseguido que nadie le explique exactamente "a qué se refieren cuando hablan de la transferencia del régimen económico".

"Si se está refiriendo a la transferencia administrativa y no a hacer una caja aparte, que es lo que recoge el Estatuto de Gernika, habría que cumplirlo. Lo que no sé es eso qué beneficio puede traer a la administración vasca. Si lo que se plantea es una caja bis, hablamos de un tema mucho más problemático. Entre otras cosas, porque Euskadi tiene un déficit importante entre las actuales cotizaciones y las pensiones. Ese esquema no parece ni inteligente ni rentable para la Administración Vasca", concluye.

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