«La justicia social empieza por obligar a los que indebidamente recibieron una prestación a devolver el dinero al Estado para que este pueda ofrecer estos recursos con mayor eficacia a los que lo necesitan», dijo el representante del Ejecutivo luso durante un ciclo de conferencias.
Costa explicó que Portugal «ha acumulado a lo largo de los años el pago de hasta 570 millones en prestaciones indebidas que no se han recuperado», agregando que ya se han remitido «más de 117.000 notificaciones para recuperar ese dinero», según recoge el diario luso »Jornal de Negocios».
A este respecto, el secretario de Estado apuntó que, en el caso de que las devoluciones no se hagan efectivas en el plazo previsto legalmente de manera voluntaria, entonces el Estado deberá intervenir «coercitivamente» sobre los deudores.