El Gobierno continuó pagando las pensiones de 29.321 pensiones de jubilados que figuraban como fallecidos en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística. Estas pensiones pagadas indebidamente ascienden al menos a 25,2 millones de euros, según informa el Tribunal de Cuentas.
Estos datos se han conocido después de que en este mes el Gobierno haya recurrido a la ‘hucha de las pensiones’ para sacar 9.700 millones de euros para pagar el IRPF y la paga extraordinaria de los jubilados.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, el desfase entre las pensiones indebidamente pagadas se ha descubierto porque aparecían con el mismo DNI en la nómina de diciembre de 2014 y como fallecidos en los registros del INE. En algunos casos minoritarios, esto se debía a irregularidades en los nombres y apellidos de los pensionistas que no coincidían entre un registro y otro.
Sin embargo, la mayoría de los fallos no fueron corregidos de 2014 hasta 2015, ya que según informa el regulador de cuentas, de esos 29.000 pensionistas, seguían en la nómina de 2015 un 95% de los casos, 27.860 personas.
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10 millones en deudas prescritas
Aunque es común el pago de prestaciones de forma indebida, la Seguridad Social tiene la posibilidad de reclamar su devolución antes de que prescriba la deuda. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advierte de entre 2012 y 2014 haya prescrito el derecho a reclamar las deudas por un importe de, al menos, 10,28 millones de euros.
El informe advierte de que estas «lagunas» en el control que la Seguridad Social realiza sobre el fallecimiento de los perceptores de una pensión son debidas, sobre todo, a las «carencias» de la información que remiten la Dirección General de los Registros y del Notariado y el INE.
Problema de cruzado de datos
El Tribunal pide en su informe a las entidades financieras que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y que remitan la correspondiente comunicación a la Seguridad Social.
Por ello, este control debería hacerse de forma, al menos, trianual para que no se agote el plazo de prescripción y se puedan reclamar las cantidades indebidamente pagadas.
En relación a la detección de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, se señala que se estaban reclamando con dos años de retraso los complementos a mínimos de las pensiones percibidos indebidamente por incompatibilidad con los ingresos del beneficiario.
Además concluyen que la Seguridad Social no disponía, durante el periodo analizado, de un manual interno para la tramitación de los cobros indebidos de prestaciones que contemplase aspectos como criterios de gestión, controles a realizar, forma de efectuar estimaciones y cálculos, custodia de la documentación, fuentes de datos disponibles, etc.
Por otro lado, al parecer no hay un criterio uniforme en las distintas direcciones provinciales ante supuestos idénticos o muy similares, debido a que la Dirección General no homogeneiza ni coordina las actuaciones «más allá de dictar instrucciones sobre aspectos parciales de la misma», dice el informe.