Así consta en una proposición no de ley que los socialistas han registrado para su debate por el Pleno del Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, en referencia a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La norma, aprobada en diciembre de 2013, exige que a partir del 31 de diciembre de 2014 las entidades menores deban presentar sus cuentas al Estado y la comunidad autónoma correspondiente para no incurrir en causa de disolución. Una obligación que en 2010 sólo cumplieron 627 de las más de 3.000 entidades locales existentes en España, cifra que se elevó hasta 1.800 en el ejercicio 2013.
«Debemos reconocer pues el esfuerzo que están llevando a cabo», alega el principal partido de la oposición, que por la tradición «de siglos» que muchas de estas entidades tienen y porque son «el mejor ejemplo de democracia participativa cercana al ciudadano», creen que hace falta prorrogar en dos años esta obligación legal, «atendiendo a las dificultades que estas entidades pueden tener» para cumplirla.