Así lo ha señalado el portavoz de Empleo del PDeCAT, Carles Campuzano, en declaraciones a Europa Press, después de que el Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón a la Generalitat ante el recurso contencioso administrativo que interpuso por invasión de competencias contra el real decreto que establece las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a realizar programa de interés general.
Campuzano ha destacado que la sentencia es «importante» y «significativa», ya que el TC vuele a dar la razón al TC respecto a la gestión del 0,7% del IPRF para actividades de interés general, y ha subrayado que la doctrina establecida es «muy clara».
Por ello, ha reclamado que el Gobierno dé cumplimiento «estricto» a la sentencia y deje de «inventar artimañas para eludir la doctrina del TC», por lo que ha avanzado que el PDECat va a registrar una solicitud de comparecencia de la ministra de Sanidad para que explique las medidas que va a tomar el Ejecutiva para cumplir la sentencia.
En este sentido, ha pedido al Ejecutivo que deje de «inventar» títulos competenciales que «solo llevan a la frustración y el engaño a las entidades del tercer sector», y ha abogado porque entre todos los grupos e pueda encontrar un marco legal que respete las competencias de las comunidades autónomas.
Las subvenciones a las que se refiere la sentencia, que se financian a través de la casilla del 0,7% del IRPF para finalidades sociales, van destinadas a programas concretos llevados a cabo por entidades, dirigidos a personas con discapacidad, tercera edad, personas en riesgo de exclusión, infancia y familias, entre otros.