En los últimos dos años los delitos económicos, desde un punto de vista penal, son los que más se han endurecido. Si ya en diciembre de 2012 se publicaron novedades en el BOE, ahora, en el Congreso se negocia el endurecimiento de las penas para delitos de corrupción y cohecho que contemplarían las nuevas medidas anticorrupción.
Así, a los principales imputados del caso Malaya cumplirán penas por delito fiscal, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
- DELITO FISCAL. El 28 de diciembre de 2012 se publicó en el BOE el último cambio, la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal todavía vigente.
Según ésta se establece un tipo para los fraudes de especial gravedad que eleva la condena de prisión a un máximo de seis años. Además el plazo de prescripción de estos delitos pasa de cinco a diez años.
Así, se establece como delito fiscal común cuando se defraudan más de 120.000 euros y menos de 600.000 por año e impuesto. La prisión que se establezca puede ser de entre uno y cinco años además de una multa que consistiría en el importa defraudado multiplicado por seis.
Se consideraría delito fiscal agravado cuando se han defraudado más de 600.000 euros, o si la defraudación se ha realizado como parte de la actividad de un grupo criminal. La pena de cárcel oscilaría entre dos y seis años, y la multa también podría llegar a ser la suma defraudada multiplicada por seis. Antes, esos delitos se penaban con entre uno y cinco años de cárcel.
- COHECHO
El objetivo del Ejecutivo, según publicó el diario La Razón en el mes de septiembre es endurecer de un grado los delitos de cohecho. Así, en vez de penas de entre tres a seis años de cárcel, pasarían a ser entre seis y nueve años de cárcel.
Además, con la nueva normativa se pretendería endurecer el cohecho impropio, que se castiga con un máximo de un año de cárcel y se considera cuando ha habido regalos o pagos pero sin contrapartida demostrada a cambio. La mayoría de los inculpados por el caso Malaya han sido condenados por cohecho pasivo.
Además, existe, el “cohecho propio”, que el nivel más grave y se cumple cuando se prueba la recepción de un bien o dinero por realizar un hecho constitutivo de delito en el ejercicio de cargo público. En ese caso, las penas de cárcel pueden ser de entre dos y seis años, multa equivalente al dinero recibido e inhabilitación de hasta 12 años para ejercer un cargo públicos.
El segundo supuesto de cohecho se establece cuando se recibe un bien por realizar un acto injusto pero que no sea delito, en el ejercicio de cargo público. Para ese supuesto, la pena de prisión puede ser de entre 1 a 4 años y la inhabilitación desde un mínimo de 6 a años a un máximo de 9.
- PREVARICACIÓN.
Las penas por prevaricación pueden ser de entre 6 meses y 12 años de inhabilitación para ocupar un cargo público.
- MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS.
Actualmente la Fiscalía puede pedir hasta diez años de prisión por malversación de caudales públicos.
Además, en el nuevo Código Penal se amplían los supuestos en los que se considera malversación de caudal público a todos los casos de gestión desleal: contrataciones a precios superiores a los reales, celebración de contratos sin prestación, utilización del patrimonio público para fines privados. Tampoco sería necesario ya, contrariamente a lo que se produce actualmente, probar que ha habido enriquecimiento.
- TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
El tráfico de influencias conlleva entre seis meses y un año de cárcel, una multa en la que el beneficio obtenido se multiplica por dos e inhabilitación para ejercer un cargo público de hasta seis años.
- BLANQUEO DE CAPITALES
Las penas de prisión pueden oscilar entre seis meses a seis años de cárcel, además de una multa que triplique el valor de los bienes blanqueados. También contempla la inhabilitación, si se trata de un funcionario o cargo público, que pueden ser de entre diez y veinte años.
Además el juez también puede dictar inhabilitación de hasta tres años, para el ejercicio de la profesión del inculpado, si éste pertenece al sector privado.
Los juristas piden más claridad en la ley contra el blanqueo de capitales. Entre enero de 2006 y septiembre de 2012 los notarios comunicaron 2.543 operaciones sospechosas, de las que el 85% ha acabado en instancias judiciales o en las fuerzas de seguridad.