Al mismo tiempo que España ha mejorado la calidad de sus infraestructuras, servicios y equipamientos, estamos generando una creciente desigualdad. La confusión de una economía de mercado con una sociedad de mercado, ha conducido a una falsa competencia que ha permitido prácticas abusivas en los sectores en que los arquitectos tenemos presencia.
Hemos vivido una gran mentira, un valor ficticio de las cosas y un gasto desproporcionado, con un negocio en manos de pocos y muy fuertes, donde los profesionales que aportaban conocimiento y la responsabilidad, eran ninguneados con unas condiciones impresentables del mercado de servicios profesionales, contratos y honorarios.
El arquitecto se enfrenta muchas veces al interés de su cliente en defensa de terceros y de la sociedad, y lo hace con el apoyo de las instituciones que le representan. Esta independencia que les caracteriza como sociedad civil les hace incómodos para el poder, que trata de debilitarlos con el desprestigio de su tarea y la confusión sobre las atribuciones profesionales.
El arquitecto en España tiene una extraordinaria formación técnica y humanística, que aúna capacidad operativa y creatividad, y desarrolla su labor en ámbitos como la energía y el medioambiente, el mundo financiero, la movilidad, la cultura, el diseño y la salud en entornos multidisciplinares. Esta formación extensa y muy dura, ha sufrido una progresiva desvalorización y reduccionismo de su labor profesional llevando el término competencia solo a su faceta de precio.
En los servicios profesionales, que son bienes de confianza, la competencia no puede regirse solo por el precio, con independencia de su calidad, porque ello conduce a la piratería y la banalización. No será rentable invertir en calidad sino sólo en bajar precios, y no se pueden sustentar estructuras profesionales de alta cualificación en equipos humanos, formación y tecnología.
Ese tejido de pequeñas y medianas empresas sostiene el prestigio internacional de nuestra arquitectura, y es el escenario de desarrollo de carrera profesional de muchos técnicos formados en nuestras universidades, que contribuyen a la generación de actividad económica, social y cultural y en la mejora de la calidad de vida. No se puede hablar de apoyo al emprendimiento y la innovación a la vez que destruimos ese tejido profesional de alto valor.
En España hoy los honorarios del arquitecto no suponen más allá del 1,5% del valor final de una promoción, con toda la responsabilidad del proceso completo de proyecto, licencia y dirección de las obras, y con recursos muy costosos para dar un servicio profesional de alta calidad y valor añadido, mientras se disparan los costes de suelo, intermediaciones y comercialización.
Es un disparate pretender que las tarifas o baremos orientativos son anticompetencia o inflacionarios del precio de la vivienda, pero decir que nos obliga Europa es además falso, cuando Alemania mantiene sus Baremos Orientativos, y los contratos de la administración tienen un precio fijado, para que se compita en calidad del equipo y de las propuestas.
Como remate aparece un Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que se justifica falsamente en directrices europeas que no existen, y que pretende alterar legislaciones de referencia de profesiones tituladas y reguladas, con una medida genérica que parte de una predisposición contraria a los profesionales y a sus instituciones de referencia, los Colegios, y que solo puede acarrear problemas e inseguridad jurídica en estos delicados momentos.