Viernes 21/09/2018.

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Hacienda achaca el repunte de contratos públicos antes de la nueva ley a la liquidación de los ya iniciados

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aclarado que el aumento de los concursos un día antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación del Sector Público se debió a una acumulación de expedientes de la antigua ley y a la liquidación de los procedimientos de licitación en los que se trabajaba para evitar que se tuviesen que iniciar desde el principio con la nueva norma.

Este efecto se produce con carácter general cuando entra en vigor una nueva ley que cambia sustancialmente el procedimiento de una norma anterior, al producirse una acumulación de expedientes de la antigua ley en el momento en el que acaba su vigencia, según han explicado a Europa Press en fuentes de Hacienda.

En concreto, el día anterior a la entrada en vigor de la nueva ley de Contratación del Sector Público se registraron en la web de Contrataciones del Estado aproximadamente 2.500 publicaciones de concursos públicos, un incremento 10 veces superior a la media de cualquier otro día, según denunció USO en una nota.

Fuentes de Hacienda han explicado que este aumento es "lógico" ya que los procedimientos de contratación pública son muy complejos y se prolongan en el tiempo al conllevar muchas fases, por lo que si los procedimientos de licitación que ya se encontraban avanzados no se hubiesen publicado antes la entrada en vigor de la nueva norma, el pasado 9 de marzo, se habría tenido que deshacer el trabajo realizado y empezar los procedimientos desde el principio.

Dado que se preveía que la nueva ley entraría en vigor con multitud de procedimientos de licitación a medias, se estableció que si los procedimientos no alcanzaban la fase de publicación de anuncios de licitación se debían iniciar de nuevo desde el principio.

Así, para evitar que algunos procedimientos no prosperasen y tuviesen que empezarse a tramitar de nuevo todos los procedimientos que ya estaban en marcha, lo que habría supuesto un retraso de al menos dos meses, todas las administraciones y partes implicadas en las licitaciones se apresuraron para publicar el mayor número posible de procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

Para poder alcanzar la fase de publicación de licitación es preciso realizar una fase previa de solicitud de informes a la Abogacía del Estado y a la Intervención General de la Administración General del Estado, entre otros.

Esta situación de acumulación de procedimientos se dio también en la central de compras del Estado, por lo que desde Hacienda hicieron "todo lo posible" para que los procedimientos que estaban en marcha entrasen en plazo para su publicación antes de la entrada en vigor de la nueva norma y evitar así que se cayeran, indicaron las mismas fuentes.

Por el contrario, desde Hacienda han explicado que otros procedimientos se tendrán que volver a iniciar ya que no estaban suficientemente desarrollados para que diese tiempo a su publicación antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

Desde el departamento de Cristóbal Montoro también han explicado que la nueva ley busca agilizar los contratos públicos de menores cuantías y procurar que tengan periodos de licitación y formalización no superiores a uno o dos meses, mientras que los de mayor cuantía en muchas ocasiones vienen determinados por normativas comunitarias, por lo que en muchos casos los plazos serán similares a los que había con la ley anterior.

Según USO, durante el último mes "se ha aprovechado por parte de las administraciones públicas para sacar a concurso numerosas e importantes licitaciones que en circunstancias normales tendrían que publicarse en meses posteriores. Entre ellos, cita el referido al servicio de Vigilancia de la Administración General del Estado, por valor de más de 67 millones de euros.

El secretario general de la FTSP-USO, Basilio Alberto Febles, ha denunciado que el incremento en la publicación de concursos solo obedece al "maligno criterio de seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos míseros euros, evidentemente, en detrimento de los derechos de trabajadores mileuristas que son sometidos por las empresas a condiciones de trabajo y salarios de autentica miseria".

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