En el libro amarillo de Presupuestos, el Gobierno explica que la política de desempleo, la segunda de mayor volumen tras las pensiones, alcanzará los 18.402 millones de euros, de los que 18.102 millones se dedicarán al pago de prestaciones y los 300 millones restantes a gastos de funcionamiento. Éstos se incrementan en 8 millones de euros respecto a 2018 por la actualización de las retribuciones de los funcionarios.
La subida en un 4% del gasto en desempleo obedece al impacto en las prestaciones contributivas de la mejora del salario mínimo; a la eliminación del carácter temporal del subsidio extraordinario por desempleo, la inclusión de la cobertura por desempleo en los contratos de formación y aprendizaje a alumnos trabajadores de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, y a la reforma del subsidio por desempleo para mayores de 52 años (se rebaja la edad de acceso desde 55 a 52 años, se eleva la edad máxima 65 años, se aumenta la base de cotización y se considera la renta individual en lugar de la familiar).
Todas estas medidas explican, según el Gobierno, por qué sube el gasto en desempleo a pesar de que se prevé que este año la tasa de paro media baje al 14%, frente al 15,5% de 2018.
El Gobierno estima que las prestaciones por desempleo contributivas supondrán un gasto de 11.603 millones de euros, con el que prevé dar cobertura a 751.691 beneficiarios.
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