Sábado 18/08/2018.

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El Gobierno insiste en acercar la edad real de jubilación a la edad legal

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido este viernes en que para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones es necesario acercar la edad real de jubilación, que ronda los 63 años, a la edad legal, ahora establecida en 65 años.
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Por ello, ha explicado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha planteado a la Comisión del Pacto de Toledo una serie de cambios "a corto plazo, pero especialmente a medio y largo plazo" relacionados con la jubilación anticipada y la jubilación parcial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha subrayado que más de la mitad de las jubilaciones que se producen lo son de manera anticipada, y ha recordado que a partir del 1 de enero de 2013 la edad legal de jubilación subirá mes a mes hasta alcanzar los 67 años en 2027.

Por otro lado, preguntada por si el Gobierno revalorizará las pensiones por la desviación de precios de este año, Sáenz de Santamaría ha reiterado que "habrá que aplicar la ley" y esperar a conocer el IPC interanual de noviembre, que es el que se usa de referencia para la actualización de las pensiones.

PROPUESTAS DEL GOBIERNO.

Según el informe remitido al Pacto de Toledo, al que ha tenido acceso Europa Press, las propuestas del Ejecutivo para restringir las jubilaciones anticipadas pasan por adecuar la edad de acceso a esta figura a la que en cada momento esté establecida como edad legal.

Debido a que la edad legal para jubilarse irá creciendo progresivamente desde los 65 a los 67 años, el Gobierno entiende que también debería subirse la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada.

El Ejecutivo también plantea en su informe actualizar el periodo mínimo de cotización exigido para tener acceso a la jubilación anticipada, así como ajustar los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión.

Asimismo, el Gobierno pedirá al Pacto de Toledo que valore si, en el momento actual de dificultades económicas, habría que permitir que los empleados públicos se jubilaran anticipadamente de manera voluntaria, máxime ante el coste que supondría para la Seguridad Social autorizar esta medida.

En el caso de la jubilación parcial, propone también adecuar la edad de acceso a la misma a la edad ordinaria de jubilación, modificar la jornada laboral de los jubilados parciales, prolongar la duración de los contratos de relevo, y adecuar el periodo mínimo de cotización exigido para poder disfrutar de esta figura.

El Ejecutivo apoya sus propuestas en datos. En 2011 se jubilaron anticipadamente, incluyendo los que accedieron a la jubilación parcial, un total de 111.648 trabajadores, el equivalente al 40,53% del total de altas de jubilación al sistema, proporción que asciende hasta el 50,69% en el caso del Régimen General.

El Gobierno precisa que las altas de pensión de jubilación con 65 o más años superaron a las anticipadas, aunque lo achaca a que los trabajadores autónomos no adelantan su retiro. Eso sí, añade que en el Régimen General la jubilación anticipada ha sido más frecuente que la jubilación a la edad legal. De hecho más del 50% de las jubilaciones de 2010 y 2011 fueron anticipadas.

COMPATIBILIZAR PENSIÓN CON UN TRABAJO.

En un segundo informe remitido a la Comisión del Pacto de Toledo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo propone una serie de medidas para facilitar el cobro de una pensión con un trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia.

Así, el Gobierno quiere que se permitan ambas cosas siempre que se acceda a la pensión de jubilación a la edad ordinaria. Eso sí, la pensión a percibir sería en el porcentaje que fuese posible teniendo en cuenta la viabilidad del sistema de pensiones y las rentas que cobrara el jubilado por ese trabajo.

Además de acreditar la edad de acceso ordinario a la jubilación, para que trabajo y pensión sean compatibles se necesitarán otros requisitos, entre ellos que el trabajo a desarrollar fuera en el sector privado (no pudiendo aplicarse al sector público). Además, el Gobierno plantea que no sería obligatorio cotizar por las actividades realizadas, "sin perjuicio de que se pudiesen establecer cotizaciones de solidaridad", pero sin efecto en las prestaciones.

(EUROPA PRESS ECONOMIA)

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