No obstante, los técnicos consideran que esta cifra podría escalar hasta los 14.100 millones si se añaden los 2.500 millones que se ingresarían por las medidas de ahorro, eficiencia y calidad del gasto público, así como los 1.900 millones por elevar el IRPF a las grandes fortunas y el aumento de tipos de la renta del ahorro de los grandes patrimonios.
En concreto, del total de 9.700 millones, 4.000 millones corresponderían al Impuesto de Sociedades, 2.000 millones al impuesto a las transacciones financieras internacionales, 1.500 millones a la lucha contra el fraude, 1.000 millones al impuesto a la banca y 1.200 millones por el impuesto temporal a los ingresos de determinados servicios digitales (600 millones) y por la tributación medioambiental (otros 600 millones).
Para Gestha todavía hay margen para estas subidas de impuestos, ya que la brecha de presión fiscal española con respecto a la Unión Europea se sitúa en los 61.798 millones al año y alcanza los 75.822 millones respecto a los 19 países de la Zona Euro.
Sin embargo, los técnicos creen que antes de subir los impuestos habría que exigir el pago a quienes no los abonan o los eluden, ya que la economía sumergida española ronda el 24,6% del PIB.
Según los técnicos, «la menor recaudación fiscal que provoca el fraude hace que el gasto social en España sea 48.000 millones de euros inferior a la media ponderada europea y que se debiliten las cuentas públicas respecto al déficit y al endeudamiento».
Por último, los técnicos reclaman tener las manos libres en la lucha contra la evasión y elusión tributaria y que se desplace la investigación de los incumplimientos de pequeños contribuyentes, autónomos y pymes hacia las grandes fortunas, «donde se sitúan las grandes bolsas de fraude».
De hecho, consideran que con esta medida el volumen de la economía sumergida podría reducirse a la mitad y se podrían recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros que ahora se evaden.