No hay defensor más ferviente de la Tasa Tobin que Francia. El Gobierno que preside François Hollande adelantó a agosto del año pasado la puesta en marcha del impuesto de transacciones financieras que otros once países de la zona euro tienen previsto activar el año que viene de forma concertada para recaudar hasta 35.000 millones de euros al año. Pero los números están empezando a rebelarse contra el gobierno galo.
La Tasa ha levantado una enorme oposición entre los intermediarios financieros, que creen que el impuesto eleva los costes de las operaciones y, sobre todo, provoca que los inversores se vayan a otros mercados para abaratar los costes. Algo que ya podría estar pasando en Francia.
No sólo se quejan quienes viven del negocio de comprar y vender acciones y bonos en el país vecino -estas entidades se hacen cargo del impuesto pero para evitar el impacto lo trasladan al menos en parte a sus clientes-, sino que las propias instituciones oficiales francesas empiezan a reconocer que las cuentas no salen.
El propio Tesoro galo ha dicho que los ingresos por el impuesto -la mitad de lo esperado- sólo compensan los costes suplementarios que hay que asumir por el impacto negativo en el mercado de la aplicación de la Tasa.
Un aviso para navegantes al que seguro que el ministro Montoro está prestando mucha atención. Los bancos y firmas de bolsa que presionan al máximo al Gobierno -según las previsiones el Estado español se embolsaría 5.000 millones de euros- para que reconsidere la aplicación de la Tasa se acogerán a la experiencia francesa para defender sus intereses. La batalla está servida a la espera de que nuevas cifras ratifiquen si el impuesto más polémico de los últimos tiempos justifica su existencia o está haciendo un daño irreparable a los mercados que lo aplican.