La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, ha reconocido hoy que la «incertidumbre» en Cataluña «está empezando a tener efectos en la economía general», una «ralentización» que se comprobará «en los próximos días».
En declaraciones a los medios tras intervenir en unas jornadas organizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Garrido ha puntualizado que aunque la situación afecta a la economía del conjunto del país, el impacto se concentra «fundamentalmente en la economía y la sociedad catalana».
La secretaria de Estado ha descartado que esta incertidumbre se prolongue en el tiempo y que vaya a producirse una independencia, aunque la situación ya ha derivado en salidas de empresas, «paralización de inversión» y ralentización.
Por otra parte, durante su intervención, Garrido ha puesto en valor la Ley de Defensa de la Competencia, que ahora cumple diez años y que supuso un «hito de enorme relevancia» al introducir las mejores prácticas, como el programa de clemencia o la graduación de las sanciones.
Sin embargo, han surgido «nuevos retos», derivados de la evolución digital y el nuevo contexto económico, por lo que el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley para la racionalización de los organismos supervisores y la mejora de la competencia.
Esta normativa, que prevé dividir la CNMC en dos organismos -uno dedicado a la defensa de la competencia y otro para la supervisión de los mercados-, pondrá en marcha «herramientas poderosas para el buen funcionamiento de los mercados», que después repercutirán en la economía.
Ciertos sectores están experimentando «una profunda transformación», con entrada de nuevos actores y modificación de la estructura, unos cambios a los que la regulación tiene que dar respuesta porque «sin competencia los mercados se fosilizan».
«La magnitud de los retos» exige «contar con una estructura de supervisión de los mercados y de defensa de la competencia eficaz, independiente, transparente y suficientemente dotadas», ha insistido.
El proyecto normativo está actualmente en el proceso de redacción de textos y consulta pública, ya que se trata de «una ley muy compleja» que «abarca muchísimos campos».