Domingo 22/07/2018.

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Economía- El Congreso desbloqueará en una semana la ley que vetó el Gobierno sobre condiciones laborales en subcontratas

La iniciativa del PSOE, que está en el TC porque la Mesa ignoró el veto, busca desmontar una parte de la reforma laboral de 2012

El Congreso desbloqueará en poco más de una semana la tramitación de la proposición de ley para equiparar las condiciones laborales de las limpiadoras de hoteles (conocidas 'kellys') y demás trabajadores de subcontratas, una iniciativa que fue vetada por el Gobierno y que está recurrida en el Tribunal Constitucional porque la Mesa de la Cámara ignoró el escrito de disconformidad y el Ejecutivo planteó un conflicto de competencias. Esta reforma, impulsada por el PSOE, busca derogar una pequeña parte de la reforma laboral de 2012.

Según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, los grupos tienen previsto reunirse el próximo 10 de abril para comenzar la fase de ponencia, en la que buscarán, a puerta cerrada, dejar la ley lo más cerrada posible antes de la votación definitiva de las enmiendas que no hayan sido incorporadas.

El objetivo es aprovechar la semana de parón entre la recepción el martes del proyecto de Presupuestos y las habituales comparecencias de altos cargos previstas a partir del día 16 de abril, ya que la tramitación de los PGE acaba 'comiéndose' prácticamente el resto de actividad parlamentaria en el área económica.

15 MESES DESPUÉS DE SU TOMA EN CONSIDERACIÓN

La celebración de esta ponencia llegó a estar programada a finales del pasado mes de septiembre, si bien los socialistas optaron por cancelarla ante el abandono de los diputados de Esquerra Republicana y el PDeCAT al iniciarse las detenciones de cargos políticos en Cataluña, relacionadas con la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre. Sin esos grupos en la Comisión de Empleo, temían que no hubiera mayoría suficiente para asegurar la tramitación.

Meses después, a pesar de que los diputados de estas formaciones volvieron a la actividad de las comisiones, la ponencia seguía suspendida, a la espera de que el PSOE solicitara su celebración. Una reanudación que fue reclamada por varios colectivos, como el de 'Las Kellys' de hoteles --'Las que limpian' habitaciones--, que acudieron al Congreso para instar a socialistas y a Unidos Podemos acuerdos para acelerar la tramitación.

Esta proposición de ley, que se registró en agosto de 2016, ya tuvo un primer bloqueo al ser vetada por el Gobierno alegando que alteraba su política presupuestaria. El PP no logró parar su tramitación en la Mesa del Congreso al quedarse en minoría frente a PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, y el escrito del Ejecutivo fue ignorado, celebrándose un debate de totalidad en diciembre de ese año.

BAJO LA AMENAZA DEL TC

El Gobierno optó por recurrir ante el Tribunal Constitucional planteando un conflicto de competencias, mientras que en el Congreso se fueron sucediendo los plazos de presentación de enmiendas durante más de cuatro meses, hasta que ya se registraron a finales de abril de 2017.

Eso sí, aunque la reforma siga su curso e incluso llegue a prosperar y publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), podría llegar a ser anulada, o al menos en parte, una vez se resuelva el recurso de inconstitucionalidad.

La propuesta se limita a modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligación de garantizar tanto a empresas contratistas como subcontratistas las condiciones laborales previstas en el convenio colectivo aplicado a la empresa principal.

PRIMACÍA DEL CONVENIO SECTORIAL

Sin embargo, fuentes socialistas han señalado a Europa Press que en la proposición de ley existe un principio de acuerdo con otras fuerzas políticas para incorporar una nueva modificación del Estatuto de los Trabajadores, ésta en el artículo 84, para que los convenios sectoriales tengan prioridad frente a los de empresa en caso de que los segundos supongan un menoscabo en las condiciones laborales.

Ambas cláusulas vendrían a corregir cambios introducidos en la reforma laboral emprendida por el Gobierno de Rajoy en 2012 e impedirían la rebaja de condiciones laborales tanto en subcontrataciones como en empresas que, recientemente, han provocado sonadas huelgas, como las de los trabajadores en compañías de seguridad, con condiciones por debajo del convenio del sector.

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