El Defensor del Pueblo ha pedido a la Agencia Tributaria (Aeat) que mejore el nuevo programa de ayuda para la declaración del IRPF, Renta Web, puesto en marcha el pasado año, porque genera «inseguridad» y «confusión».
El Informe del Defensor del Pueblo 2016 publicado hoy alerta de que la presentación de la declaración del IRPF del ejercicio 2015 se ha caracterizado «por la complejidad» del nuevo programa, Renta Web, que une el borrador con el programa Padre y que se generalizó el pasado año excepto para los contribuyentes con rendimientos de actividades económicas.
Así, mientras el sistema anterior permitía comprobar con facilidad los datos declarados y confirmar el borrador, este «dificulta la presentación de la declaración» para el contribuyente, que «se siente desconcertado» con su funcionamiento e inseguro al tener que revisar «tantas pantallas».
Además, «se ha constatado que no se incorporan en el borrador todos los datos fiscales», lo que genera «confusión» en el contribuyente al dudar «si deben ser incluidos o no».
Por otra parte, el Defensor ha recomendado a la Agencia que ofrezca asistencia a los contribuyentes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con especial atención a los problemas del programa de ayuda al pago del IVA en los días cercanos al vencimiento del plazo para presentar la declaración.
«Aunque su voluntad es la de cumplir con sus obligaciones fiscales, no puede hacerlo por incidencias técnicas o fallos informáticos de la web de la Administración», advierte el informe, lo que conlleva sanciones y recargos para los contribuyentes por no presentar la declaración a tiempo.
El Defensor del Pueblo también ha recomendado a la Agencia Tributaria que mejore la redacción de sus comunicaciones para que sean fácilmente comprensibles y que especifique las pruebas válidas para demostrar que un inmueble es vivienda habitual a efectos fiscales, aunque esta última ha sido rechazada.
Precisamente las dudas y quejas relacionadas con la fiscalidad inmobiliaria concentran buena parte del apartado de Hacienda Pública del informe.
Así, numerosas quejas han alertado de que suelos que el planeamiento urbano preveía que se construyesen pasaron a figurar como urbanos en el catastro aunque hayan permanecido como parcelas agrícolas durante años, lo que implica que su valor se calcula considerando la máxima edificabilidad con el consiguiente impacto en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la denominada plusvalía municipal.
El Defensor se ha puesto en contacto con varios ayuntamientos respecto a la valoración catastral de suelos agrícolas catalogados como urbanos ante quejas por el IBI, un impuesto sobre el que también se ha interesado porque las alegaciones presentadas por los contribuyentes no interrumpen su liquidación.
También ha recomendado reformar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal ante los casos de inmuebles vendidos a pérdidas y que, aún así, han tenido que pagar este gravámen, una cuestión que ya está siendo abordada por el Tribunal Constitucional.
Con respecto a las tasas locales, el Defensor del Pueblo advierte de que en ocasiones se da «falta de concordancia» entre el coste del servicio y las cuotas a pagar, como ocurre con el servicio de basura cuando los contenedores están lejos de la vivienda.
Otra cuestión abordada en el informe es el abono de deudas tributarias, sobre lo que la institución recomienda que los ingresos sean asumibles y que se permita la insolvencia provisional sin ejecución sobre la vivienda habitual cuando este sea el único patrimonio del deudor.