Martes 03/04/2018.

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El Congreso pide poner fin a la "discriminación" fiscal a los emigrantes retornados

La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley, propuesta por el Grupo Socialista, por la que se insta al Gobierno a paralizar los requerimientos a los emigrantes retornados con pensiones públicas del extranjero hasta que no se cumplan los acuerdos suscritos en junio del año pasado en la comisión.

La iniciativa, que ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos y la abstención del Grupo Popular, pide al Ejecutivo que cumpla en todos sus términos con el acuerdo del Congreso de los Diputados, en la Comisión de Hacienda y Función Pública, en sesión celebrada en junio de 2017, sobre medidas que afectan a los emigrantes retornados que son perceptores de pensiones públicas del extranjero.

Asimismo, pide paralizar los requerimientos que se están haciendo a los emigrantes retornados con pensiones públicas del extranjero hasta que no se cumpla con el citado acuerdo parlamentario y que establezca con carácter de urgencia un procedimiento de homologación de las pensiones del extranjero con las pensiones de la Seguridad Social para que las que sean por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez que están exentas del IRPF, se excluyan de cualquier requerimiento que se hiciese a efectos fiscales.

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda, Antonio Hurtado, ha denunciado el "acoso" a los emigrantes retornados por parte de Hacienda iniciado en 2013 con notificaciones e imponiendo sanciones e intereses de demora, interrumpido por la movilización social, lo que derivó en iniciativas por parte del Gobierno.

Entre ellas, el procedimiento de regulación en el primer semestre de 2015, al que se acogieron el 20% de los inmigrantes retornados, unos 160.000 afectados, y se recaudaron 107 millones, si bien el Ejecutivo se comprometió a devolver previa solicitud los intereses de demora recaudados, que ascendían a 20 millones, de los que por ahora se han devuelto 13.

Sin embargo, el diputado socialista ha denunciado la "negligencia" del Ejecutivo y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya vuelto al "acoso masivo y los requerimientos".

Los cambios introducidos en el IRPF de 2014 para regularizar las deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero daban hasta el 30 de junio de 2015 para liquidar en declaraciones complementarias cargas fiscales en el cobro de pensiones del exterior sujetas a tributación en los últimos cuatro ejercicios, llegando a contemplar devolución de recargos, intereses y sanciones liquidados impuestas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Hurtado ha exigido que se cumplan los acuerdos de junio de 2017, se paralicen los requerimientos y se homologuen "De una vez por todas" las pensiones del extranjero en relación a la catalogación de las pensiones de la Seguridad Social.

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Tania Sánchez, ha criticado que el Gobierno modificase la normativa del IRPF para dibujar una realidad que "no existía" referida a que había "hordas de jubilados que retornaban para chupar del bote".

Sánchez ha reprobado la "irresponsabilidad" del Gobierno al "enfrentar a la ciudadanía humilde con otra aún más humilde", y ha hecho hincapié en la "discriminación" de los pensionistas retornados que tienen reconocidas exenciones de los que trabajaron fuera y no los tienen reconocidas por ley.

A su juicio, las 600.00 cartas enviadas por el Ejecutivo solo pueden ser calificadas como "amenazantes", con la que s recaudaron 20 millones de forma "irregular" e hicieron pagar a pensionistas que "no tenían la obligación de pagar".

De su lado, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda, Francisco de la Torre, ha reprochado que se dé un trato más favorable a los defraudadores que a los ciudadanos que cumplen las normas o por razones de olvido las incumplen.

En este sentido, ha rechazado que a los "pobres" emigrantes retornados se les quiera exigir "todo el peso de la ley" incluso a veces contra la normativa comunitaria, como en el caso de pensiones de gran invalidez e incapacidad.

Por su parte, el diputado 'popular' Tomás Javier Fole, ha cuestionado que las iniciativas de la oposición sea para ayudar a los emigrantes retornados o pretendan "sacar votos", y ha advertido que de llevarse a cabo algunas de sus peticiones se establecería un modelo y marco normativo del IRPF "extremadamente complejo y confuso".

De igual forma, ha explicado que las normas internacionales no proveen ninguna disposición a homogeneizar para determinados grados de invalidez y ha asegurado que desde el Pp siempre estarán "ayudando en todo lo posible y realizable" a los emigrantes retornados, pero "no engañando".

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