Sin que sepamos todavía muy bien a quién alude ni el significado que encierra, la palabra lobby suele emplearse en España de forma peyorativa, como recurso cuando queremos referirnos a poderes oscuros capaces de influir y de mover hilos desde las sombras. Por su presencia en Estados Unidos solemos hablar del lobby judío y en España aludimos con cierta frecuencia al lobby financiero, al lobby energético o al lobby gay, aunque siendo estrictos, deberíamos hablar en todo caso de lobbies financieros, lobbies energéticos o los lobbies gays, puesto que no es frecuente encontrar un único grupo de presión homogéneo, sino muchos grupos con distintos matices e intereses similares.
En cualquier caso, es difícil que un lobby en España asuma que lo es y mucho más que un representante político reconozca que sufre sus presiones. Hay un ejemplo muy reciente y muy significativo. Hace unos días, el secretario de Estado de cultura, José María Lasalle, decía en una entrevista “por aquí no ha pasado ningún lobby”, para después afirmar: “hemos escuchado a todos los que tienen interés en este asunto”.
“Parece que hay una tendencia o un interés por desplazar a los lobbies de los intereses legítimos, lo cual es tremendamente absurdo. El lobby surge de la necesidad de encuentro informal entre la sociedad civil, las empresas y las organizaciones con el poder político. Sus motivaciones pueden ser más favorables al interés general o más particulares, vinculadas a ONGs o a grandes multinacionales, pero no dejan de ser legítimas”, explica el doctor en Derecho Constitucional y uno de los primeros investigadores del fenómeno lobby en España, Rafael Rubio.
Aunque la mayor parte de las empresas recurren a mecanismos legítimos para defender sus intereses y sacar adelante sus agendas, otras han empleado sobornos, compra de votos y tácticas más oscuras, de ahí que se haya creado una percepción negativa del lobby, “a la cual contribuye el propio uso que hace el político del término, que cuando quiere hablar de presiones negativas hablan de lobbies y cuando quieren hablar de presiones positivas o que coinciden con su punto de vista hablan de participación social”, añade Rubio.
“La línea entre el lobby y el tráfico de influencias está muy claramente definida aunque es posible que no concuerde con la idea que tienen muchas personas. El lobby es la defensa de unos intereses ante al poder, esto es, sentarse con un político, explicarle por qué nos perjudica una determinada medida y proponerle una alternativa mejor para ambos. El tráfico de influencias no propone argumentos, ofrece dinero y esto es un delito tipificado en el código penal. No tiene nada que ver”, asegura Juan Francés, periodista y autor del libro ¡Que vienen los lobbies! El opaco negocio de la influencia en España.
Francés afirma categórico que “todas las leyes que se aprueban en el parlamento son sometidas a las presiones de algún lobby. El cien por cien”. “Los afectados por cualquier legislación intentan modularla y adecuarla a sus intereses, es normal. Lo deseable a la hora de hacer lobby, al menos para el interés general, es que haya intereses contrapuestos y que el político trate con su decisión final de equilibrar la balanza siendo lo más justo posible. Si sólo hubiera un lobby actuando sobre una ley esta sería muy ajustada a sus deseos y es posible que esto no concuerde con el interés general”, explica Juan Francés.
La gran paradoja de tratar de encontrar quienes son es siempre la misma: los lobbies no existen, lo que existe es una forma de presión que consiste en hacer lobby y que está al alcance de cualquiera que quiera llevarla a cabo. Sin embargo, la idea negativa de los grupos de presión en el imaginario colectivo hace que muchos de estos grupos no sepan o no quieren reconocer que son lobbies, aunque lo sean. Un buen ejemplo de ello es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para Rafael Rubio uno de los lobbies más importantes y que mejor trabajan de los últimos años – dicho sin ánimo peyorativo – que ha demostrado sobradamente su eficacia y capacidad de influencia, sin embargo cuando Jordi Évole le preguntaba en su programa a Ada Colau si su plataforma era un lobby, ella se desmarcaba airadamente.
Esto nos hace preguntarnos si hay algún lobby en España que reconozca que lo es. “Sí, cada vez más – responde Rubio –. Uno de los fenómenos a los que estamos asistiendo en España es que el sector se está profesionalizando y está aflorando. Cada vez hay más empresas que tienen en su organigrama un departamento de asuntos públicos o de relaciones institucionales, que es el departamento de lobby. Y lo mismo ocurre con las ONGs”.
En efecto, en España hay distintas empresas de comunicación y despachos de abogados que ofrecen el lobbing entre sus servicios. Reti, MAS Consulting o Political Intelligence son algunas de ellas y se trata de un negocio pujante en España, aunque es difícil conocer muchos datos acerca de su trabajo dada la poca regulación que hay sobre esta práctica. Actualmente los servicios de consultaría de lobby mueven en España unos 100 millones de euros, si contamos los contratos de empresas españolas en el extranjero.
Registro de Transparencia
En Estados Unidos, donde el negocio está perfectamente regulado, hay registrados unos 15.000 lobbies y el negocio factura unos 3.500 millones de euros al año. A día de hoy hay medio centenar de empresas españolas registradas como lobistas y representadas en el Congreso estadounidense, de las cuales la mayoría son empresas energéticas o entidades regionales aunque hay bastante variedad.
En Europa, la UE creó en 2012 el Registro de Transparencia, donde todas las organizaciones que ejercen “actividades realizadas con objeto de influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración o aplicación de las políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas” pueden inscribirse de forma voluntaria. Su motivación es garantizar transparencia a los ciudadanos y advierte de que el registro no implica que las entidades inscritas merezcan el calificativo de “grupos de presión”, “grupos de interés” o “lobbies”, “dado que no existe una definición comúnmente aceptada de esos términos y el registro tiene un ámbito más amplio”.
En cualquier caso y a falta de otra cosa, el registro es tremendamente orientativo. Hasta el momento hay inscritas 6.205 entidades, de las cuales 360 son españolas. La mayor parte son empresas o asociaciones comerciales, habiendo también numerosas ONGs, profesionales del lobby, universidades, centros de pensamiento y sindicatos. Su ámbito de actuación es mayoritariamente el medio ambiente, la investigación, la tecnología y la energía, aunque hay multitud de temáticas particulares. Los nombres son abundantes, están los más conocidos como Abertis, Acciona, Endesa o Iberdrola, pero también hay numerosas asociaciones profesionales, desde armadores a ganaderos, pasando por cineastas, apicultores o abogados cristianos e incluso asociaciones tan curiosas como la Orden Atlántica de San Borondon.
“Bruselas es uno de los lugares más importantes donde ejercer presión porque el 70% de las leyes que se aprueban en el Parlamento corresponden a la adaptación de directivas comunitarias. Las empresas españolas, las consultoras, los despachos de abogados, las asociaciones y todo aquel que hace lobby se ha redirigido de forma muy considerable hacia Bruselas”, explica Juan Francés. La mitad de los grupos de presión que operan en Bruselas representan a empresas, agrupaciones profesionales y comerciales. Las ONGs también tienen un alto porcentaje de representantes, algo más de la cuarta parte, mientras que el tercer grupo cuantitativamente son las consultorías y bufetes de abogados.
Bruselas es hoy la gran capital del lobby europeo, de un lobby regulado y transparente, pues el registro implica la aceptación de un código de conducta basado en una serie de requisitos de transparencia y buena praxis, si bien hay que recordar que se trata de un registro voluntario. El código de conducta implica obligaciones como indicar siempre el nombre de la entidad para la que se trabaja, declarar sus intereses y finalidades, no tratar de obtener información de modo deshonesto, no ejercer una presión abusiva, no vender a terceros copias de documentos sobre la información obtenida, respetar las normas y no incitar a terceros a infringirlas para obtener los objetivos, entre otras. El código se reduce deliberadamente a un número limitado de normas claras y concretas, por lo que cualquier incumplimiento deberá basarse en datos claros y objetivos y no en interpretaciones o especulaciones.
No obstante, ninguna regulación es capaz de evitar las prácticas oscuras y de hecho conocemos un claro caso de corrupción y tráfico de influencias destapado en 2011 por el diario británico ‘The Sundays Times’ tras ocho meses de investigación y hacer pasar a varios de sus redactores por lobistas, ofreciendo a los europarlamentarios comisiones millonarias a cambio de introducir determinadas enmiendas en las directivas. Tres eurodiputados, el rumano Adrian Severin, el esloveno Zoran Thaler – ambos socialdemócratas – y el austríaco Ernst Strasser, de la democracia cristiana, fueron pillados ‘in fraganti’. El caso tuvo un cuarto embaucado, el eurodiputado español del PP, Pablo Zalba, que se mostró dispuesto a introducir una de las enmiendas – por considerarla positiva tras discutirla con su grupo, según afirmaría – aunque no llegó a aceptar dinero de ningún tipo. De ahí que el profesor Rafael Rubio considere que ninguna regulación se ha mostrado todavía lo suficientemente eficaz.