El Gobierno boliviano anunció hoy que ha decidido anular la adjudicación de la construcción de una planta petroquímica en el sur del país encargada al consorcio conformado por la italiana Tecnimont y la española Técnicas Reunidas (TR), que iba a ser el proyecto de mayor inversión estatal en Bolivia.
La decisión responde a «errores administrativos» detectados en el proceso de contratación por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dijo hoy a los medios el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, tras comparecer en una sesión de interpelación por parte de la oposición en el Senado.
El ministro, que no precisó qué errores fueron detectados, explicó que un proceso de contratación puede ser revisado hasta antes de la firma del contrato y se puede anular la adjudicación si no cumple con los requisitos, que fue lo que sucedió en este caso.
La anulación implica «volver a repensar el nuevo contrato para lanzar una convocatoria pública internacional en las próximas semanas, en los próximos meses», señaló Sánchez y agregó que se tomarán «un tiempo» para la nueva licitación.
Sánchez compareció previamente en la Cámara Alta para responder a una petición de informe oral planteada por el senador opositor Oscar Ortiz sobre el proceso de contratación del consorcio para la construcción de una planta de propileno y polipropileno en Tarija (sur), con una inversión de 2.200 millones de dólares.
El proyecto plantea la construcción de esta industria cerca de la planta Gran Chaco (sur), de separación de líquidos del gas natural, que fue construida por TR y que iba a dar la materia prima para la futura petroquímica.
La planta de Gran Chaco costó 688 millones de dólares y es una de las más grandes de su tipo en Sudamérica.
Ortiz pidió en mayo pasado que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos investigue el proceso de contratación para la petroquímica al considerar preocupante que Tecnimont haya hecho previamente los estudios de preinversión y diseño conceptual.
El senador declaró hoy a los medios que en la adjudicación para la petroquímica, ahora anulada, «se fueron cambiando» los reglamentos para hacer una excepción «y permitir que una empresa que ya había hecho los estudios de preinversión y de diseño conceptual» sea contratada también para la construcción de la planta.
Según Ortiz, lo importante en este caso «es que se ha evitado» lo que podría haber derivado en un caso de corrupción.
«Éste iba a ser el contrato más grande del Estado, 2.000 millones de dólares sin licitación, sin publicaciones, sin haber hecho un proceso con competencia, transparente y abierto», afirmó Ortiz, y apuntó como responsable al expresidente de YPFB Guillermo Achá.
Achá fue destituido el pasado 15 de junio y está bajo detención domiciliaria por su presunta responsabilidad en irregularidades cometidas en la compra de taladros a la empresa italiana Drillmec, una contratación que también fue anulada.