En una actuación sin precedentes la Agencia Tributaria ha procedido al embargo del contenido de 357 cajas de seguridad bancarias que pertenecían a contribuyentes con deudas con el Fisco.
Se trata de particulares y empresas que no habían cumplido con sus obligaciones fiscales y que no disponían de un patrimonio embargable conocido, pero que resultaron tener una caja de seguridad en una entidad financiera, según puso de manifiesto una investigación de los servicios antifraude estatales.
La operación, en la que se movilizaron decenas de funcionarios de la Agencia Tributaria, se ejecutó en un solo día el pasado mes de diciembre -para evitar posibles advertencias a los afectados- y hasta el momento ha permitido recuperar para las arcas públicas dos millones de euros en dinero contante y sonante, así como joyas y obras de arte cuyo valor está aún por estimar.
Decimos «hasta el momento» porque de las 357 cajas de seguridad embargadas por Hacienda sólo se han podido abrir 154.
Algo más de un centenar (107) permanecen precintadas a la espera de la pertinente autorización judicial para abrirlas ante la negativa expresa de sus titulares a permitir su interención, otra decena espera también el ok judicial por otro motivos, mientras que 87 permanecen sin abrir por no haber sido posible localizar a sus titulares.
Según fuentes de la Agencia Tributaria la autorización judicial no será un obstáculo para proceder a la apertura de las cajas de seguridad que todavía no se han podido comprobar, ya que ésta se da en la inmensa mayoría de los casos.
Audaz, pero ¿efectivo?
No es la primera vez que la Agencia Tributaria rastrea bienes ocultos en cajas de seguridad, pero sí es la primera ocasión en que se realiza una operación de semejante magnitud.
Las entidades financieras no están obligadas por ley a proporcionar información sobre las cajas de seguridad que tienen contratadas sus clientes.
La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) tuvo que cursar de hecho un requerimiento previo a las entidades financieras para solicitar esta información en torno a un año antes de su ejecución.
¿Pudo este preaviso poner en alerta a los clientes y amortiguar el impacto de la operación? Según fuentes de la Agencia Tributaria, este supuesto es improbable.
Confían en que cuando se produce un requerimiento de esta naturaleza las entidades financieras se limitan a dar cumplida información sobre lo que se les pide y no advierten a sus clientes del posible riesgo que puedan correr.
No obstante, desde la Agencia Tributaria se admite que algunas de las 154 cajas abiertas hasta ahora se han encontrado vacías, sin contenido alguno, y que se está realizando una investigación para chequear que no se retirara el contenido «en los días previos al embargo».
Tener una caja de seguridad en una entidad financiera cuesta unos 600 euros al año, aunque su precio varía en función de determinados criterios como el tamaño de la caja. ¿Habrá gente dispuesta a pagar esa cantidad por tenerla vacía?
Más allá de estas dudas las cantidades obtenidas hasta el momento como consecuencia de la operación tampoco son particularmente llamativas.
Esos dos millones de euros ingresados de las 154 cajas abiertas hasta el momento implican que la Agencia Tributaria ha conseguido rascar por tan audaz operación unos 13.000 euros por caja.
Si se tiene en cuenta que el importe pendiente de pago de los deudores cuyas cajas se han embargado asciende a 187 millones de euros no parece que la operación vaya a resolver una parte relevante del problema.
Otros fraudes
Los funcionarios de la Agencia Tributaria no sólo han encontrado dinero, joyas y obras de arte en estas cajas de seguridad, también otro tipo de documentación.
Fuentes de la Agencia aseguran que ésta podrá ser explotada si se considera que puede tener trascendencia fiscal, aunque también admiten que de momento tal cosa no se ha llevado a cabo.
Hay que decir que cuando puso en marcha la operación la Agencia Tributaria manejaba otras magnitudes. En principio había identificado 542 cajas de seguridad, cuyos titulares mantenían deudas con el Fisco y aparentaban no tener bienes embargables para hacerles frente.
La ejecución de la operación puso de manifiesto diversas situaciones que redujeron la cantidad total de cajas embargadas a 357.
Por ejemplo, hubo contribuyentes que decidieron ponerse al día de sus deudas fiscales antes que permitir que la Agencia Tributaria hurgara en sus cajas de seguridad, otros que habían cancelado su contrato para disponer de caja de seguridad entre el momento en que la Agencia recopiló la información y ejecutó la actuación -ya decimos que pasó casi un año- y otros que no eran titulares del contenido de la caja, sino que simplemente estaban autorizados para abrirla.