Viernes 02/12/2016.

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El PSOE ofrece una ley específica para que los clubes en Ley Concursal puedan descender

Da seis meses de margen para presentar ese proyecto, lo que haría muy difícil 'indultar' a los clubes morosos en la nueva temporada
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El PSOE ha ofrecido a la oposición presentar un proyecto de ley específico sobre las especialidades de los clubes deportivos en fase concursal, sin renunciar mientras tanto al objetivo del Gobierno de permitir que estos equipos puedan descender de categoría en caso de impagos.

Además, esa futura norma se promete para los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, con lo que al menos la próxima temporada seguiría vigente la posibilidad de perder la categoría, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Actualmente, a los clubes sujetos a un procedimiento concursal no se les aplica la sanción de descender de categoría por no pagar las deudas pendientes con la Seguridad Social, con sus deportistas o con otros acreedores. Prevalece el criterio de que su clasificación es un activo de la entidad que no debe perderse porque haría peligrar sus ingresos.

Con ese sistema, son muchos los clubes de fútbol y de otros deportes que se han acogido a la Ley Concursal, poniéndose voluntariamente en manos de un juez, para así asegurarse de que las deudas no les harían perder la categoría, mientras que los demás equipos, que aseguran destinar sus recursos al pago de deudas para no entrar precisamente en un concurso de acreedores, se sienten discriminados.

Para romper con esa dinámica, en su proyecto de reforma de la Ley Concursal que estos días se tramita en el Congreso el Gobierno incluyó una disposición adicional para dejar claro que la sujeción al procedimiento concursal "en todo caso no impedirá la aplicación de las disposiciones con rango de ley reguladoras de la participación en la competición".

EVITAR INTERFERENCIAS INDESEABLES

Según argumenta el Ejecutivo, se trata de "evitar interferencias indeseables en las competiciones deportivas" pues "el incumplimiento de las reglas de juego exigibles para poder participar en ciertas competiciones deportivas por parte de las entidades concursadas, compromete a la competición en su conjunto y a los potenciales competidores".

"Con esta reforma se pretende evitar las distorsiones que pueden plantear tanto la aplicación de una lógica exclusivamente económica a las actividades deportivas, como la preterición absoluta de legislación que regula la participación en competiciones deportivas, evitando así el uso indeseado o abusivo de ciertos instrumentos previstos en la Ley Concursal y garantizando la estabilidad e igualdad en las competiciones deportivas", sostiene el Gobierno.

Frente a ello, el PP ha presentado una enmienda para mantener la situación actual alegando que la aplicación de las normas deportivas podría poner en serio peligro la supervivencia de las entidades deportivas declaradas en concurso" pues les obligaría a perder "todos los ingresos derivados de taquillas, abonos, derechos televisivos, patrocinios institucionales, contratos o derechos de imagen, y, a su vez, se cercena la posibilidad de futuros traspasos".

"La viabilidad o continuidad normal de la empresa es absolutamente imprescindible para el pago de los acreedores por medio de un convenio, que pasa por que las entidades deportivas continúen en las competiciones oficiales, ya que solo así obtendrán los ingresos que podrían satisfacer los créditos contra la masa y los créditos concursales", sostiene.

Una ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso analizó esta semana el proyecto de Ley Concursal y el PSOE propuso una alternativa al PP: mantener la filosofía del proyecto de ley de permitir la pérdida de categoría por impagos y en cualquier caso comprometer un proyecto de ley "sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales, calificadas así por la Ley del deporte, y de los créditos salariales de sus deportistas".

DE MOMENTO, QUE SE APLIQUE LA REFORMA

En la enmienda transaccional propuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno promete ese proyecto de ley específico "dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor" de la actual reforma de la Ley Concursal.

Teniendo en cuenta que el proyecto no saldría de las Cortes hasta septiembre, esos seis meses acabarían en marzo de 2012 pero, habiendo de por medio un periodo de disolución de las Cortes, elecciones y formación de un nuevo Parlamento, todo apunta a que no daría tiempo a aplicarlo para la temporada que comienza a la vuelta del verano.

El PP estaba dispuesto a aceptar un plazo de tres meses para presentar ese proyecto de ley específico, lo que le daría opciones de derogar la reforma que ahora tramitan las Cortes antes de que concluyese la nueva temporada.

En cualquier caso, las espadas siguen en alto y la Ponencia parlamentaria volverá a reunirse el próximo martes con idea de que la reforma se apruebe en la Comisión de Justicia dos días después.

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