Miércoles 14/11/2018.

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PSPV denuncia que el Ayuntamiento pagará un sobrecoste de más de 7 millones por dos expropiaciones aceptadas

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado este jueves que el consistorio pagará un sobrecoste de 7.086.932 euros por dos expropiaciones en el Parque de Cabecera a pesar de que los dos propietarios de los terrenos aceptaron la valoración que realizó el jurado provincial que los valoró, sin presentar recurso alguno.
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Según ha informado el PSPV en un comunicado, el Ayuntamiento de Valencia tuvo la oportunidad de pagar 961.209 euros para el pago de dos resoluciones del Jurado Provincial de Expropiaciones a dos propietarios del parque de Cabecera, que aceptaron esta valoración "sin presentar recurso alguno", durante los presupuestos de 2005, 2006 y 2007 y las nueve modificaciones de crédito que se produjeron en ellos.

Sin embargo, el grupo municipal socialista ha denunciado que el equipo de gobierno "guardó los expedientes en un cajón, hasta que pasaron sobradamente los dos años que exige la ley para el pago", lo que ha provocado una "retasación" de los terrenos "que ahora se valoran como urbanizador" y que, incluso, en el caso de una de las familias propietarias, "al presentar valoración pericial, incrementan su valor".

El PSPV ha indicado que las dos retasaciones "supondrán un sobrecoste de 7.086.932 euros", de los que 2.879.000 euros corresponden a un terreno y 4.207.932 al otro, "y todo ello a pesar de los informes técnicos que en ambos casos aceptaban las valoraciones del Jurado Provincial de Expropiaciones (JPE) y proponían su pago".

El grupo municipal socialista ha subrayado que planteó en la sesión plenaria del 25 de mayo de 2010 una moción para crear una Comisión no permanente para investigar estas retasaciones, "que fue rechazada por el PP, con el único argumento de que el Ayuntamiento las había recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comuntat Valenciana porque consideraban la valoración desproporcionada".

Según el PSPV, "tal como se evidencia en los informes de los técnicos municipales y de los Servicios Jurídicos, no se está cuestionando si la valoración es desproporcionada o no, sino que se "ocultaron" dos expedientes en un cajón, a sabiendas de los riesgos que suponía una retasación por no pagar antes de dos años, y sobretodo teniendo en cuenta que los propietarios aceptaron la resolución del JPE de 2005".

"Luego de haberse pagado los 961.209 euros en las 12 oportunidades de que el Gobierno Municipal dispuso (tres presupuestos y nueve modificaciones de crédito), ahora no habría un sobrecoste que deberán pagar todos los ciudadanos de siete millones de euros", ha criticado el PSPV, que ha exigido a la alcaldesa, Rita Barberá, que resuelva crear la Comisión para investigar "las responsabilidades políticas y penales que han supuesto un perjuicio económico a todos los ciudadanos de siete millones de euros".

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