Domingo 04/12/2016.

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Condenan a un expolicía a 2 años de cárcel por vender un coche que le entregó un particular para el desguace

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un hombre, expolicía local del municipio valenciano de Foios, a dos años de prisión por vender un vehículo que le había entregado un particular para que lo diera de baja en los registros. Además, le impone un año y diez meses de inhabilitación de su profesión, y que pague una multa de 1.500 euros, según consta en una sentencia consultada por Europa Press.
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El ministerio fiscal pedía para este hombre la pena de siete años de prisión y de cuatro de inhabilitación por un delito de falsificación y otro de estafa; además de una multa de 6.000 euros. Asimismo, reclamaba cinco años de cárcel para otros dos imputados, los dueños del desguace, por los mismos delitos, y una multa de 3.000 euros.

El tribunal ha decidido condenar al expolicía por el delito de falsedad, al estimar probado que falsificó la firma del contrato de compraventa, pero le absuelve del delito de estafa. Respecto a los otros dos acusados, les absuelve de todos los hechos que se les imputaban.

Según consta como probado en la sentencia, el Ayuntamiento de Foios, dentro de una campaña llevada a cabo por su Policía Local con objeto de retirar de la vía pública vehículos abandonados, los agentes se ponían en contacto con los propietarios para ofrecerles este servicio sin cargo alguno. Para ello, la Policía tenía un convenio con un desguace, al que enviaban los vehículos para su destrucción.

Acogiéndose a esta campaña, el denunciante, con el deseo de deshacerse de su vehículo, se puso en contacto con el expolicía condenado, encargado de estas tareas, a quien con este fin le entregó las llaves y la documentación del coche, así como su fotocopia del DNI.

Pasado el tiempo, el denunciante se sorprendió al comprobar que el vehículo no había sido dado de baja, ya que se le giró el correspondiente impuesto de circulación de vehículos, que se vio obligado a hacer efectivo.

Tras ello, se entrevistó con el expolicía, quien le manifestó que no se preocupara, ya que le explicó que podría deberse a un mero retraso en la tramitación de la documentación, y le hizo llegar de parte del encargado del desguace un sobre con 50 euros con el objeto de que se resarciera de los gastos que se vio obligado a satisfacer.

Según averiguó, el vehículo no había sido dado de baja, sino que finalmente los encargados del desguace prefirieron venderlo a otro hombre, o bien por la cantidad de 500 euros, o bien a cambio de la adquisición del motor de un tercer coche por 180 euros, que él personalmente instaló.

El hombre tenía la obligación de encargarse de su transferencia. Para ello, le hicieron entrega de un sobre que contenía un contrato privado de compraventa, así como un impreso de solicitud de transferencia en blanco, supuestamente firmados por el anterior propietario. Sin embargo, las firmas fueron falsificadas por el expolicía.

NO HAY ESTAFA

El tribunal descarta la existencia de un delito de estafa dado que el propietario del vehículo, si entrega la documentación en el Ayuntamiento, es por su deseo de deshacerse de algo que él considera que carece de todo valor y, es más, que desea abandonar con objeto de que no le genere gasto alguno, lo que "de hecho se produce".

Así, la Audiencia no niega que pueda existir algún tipo de prevalimiento de una posición privilegiada para obtener un beneficio personal de un servicio del Ayuntamiento, pero dice que este tipo de "engaño" es moral o disciplinariamente reprobable, pero no entra dentro del concepto penal.

En cuanto al delito de falsedad, estima que el expolicía si que lo cometió, puesto que la firma estampada en el contrato privado de compraventa y en la solicitud de transferencia era falsa. "Firmas que aunque exista una cierta contradicción entre los informes periciales, es palmaria que son falsas", agrega.

Por último, respecto a los dueños del desguace, afirma que no niega que se beneficiaran de este servicio del Ayuntamiento, pero ignora hasta qué punto se limitaban a disponer, según su conveniencia, de los vehículos retirados; o hasta qué punto tenían algún tipo de concierto previo con el expolicía para obtener algún tipo de beneficio irregular.

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