Martes 24/10/2017.

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Ayuntamiento y oposición no llegan a un acuerdo sobre la ordenanza para paliar los efectos de la prostitución

El equipo de Gobierno y los grupos de la oposición han mostrado este jueves sus discrepancias en la primera reunión de la comisión para elaborar una ordenanza municipal dirigida a paliar las molestias generadas por la prostitución en el centro de la ciudad, al no alcanzar un acuerdo sobre el enfoque y contenido de la misma.
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El Ayuntamiento ha llevado a la comisión una propuesta inicial elaborada por los técnicos de la Policía Local basada en la normativa marco estatal aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que dota a los agentes de un instrumento legal para poder intervenir ante el uso improcedente del espacio público y las molestias que genera a los vecinos.

Sin embargo, la oposición ha criticado que se trata de una ordenanza basada esencialmente en medidas de seguridad y orden público que se centra en la represión y no tiene en cuenta los aspectos sociales de la prostitución y no da voz a los agentes implicados en la problemática.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, ha manifestado su "sorpresa" ante la actitud de los representantes de los grupos políticos de la oposición y ha criticado que se hayan centrado en intentar que en esta reunión "sólo se tratara el tema social y no en sacar adelante un instrumento legal para que la Policía Local, que se las ve y se las desea en la calle, pueda actuar para evitar las molestias que genera este problema a los vecinos y a los viandantes".

No obstante, fuentes del PSPV han criticado que el PP "sólo se centre en una ordenanza policial, centrada en multas y medidas coercitivas" y han anunciado que su grupo votará en contra de la ordenanza si esta no contempla la atención a las prostitutas, con medidas como un plan integral de reinserción del colectivo. La formación presentará, de hecho, una moción a la Comisión de progreso Humano para proponer un plan integral de atención y reinserción de mujeres prostituidas.

Asimismo, desde Compromís han advertido de que en esta propuesta de ordenanza "sobran sanciones y falta diálogo" y representación los sectores implicados. La formación ha alertado de que "una ordenanza que sólo contempla medidas policiales nace muerta, porque el problema no se soluciona así" y han insistido en que su grupo busca el consenso, aunque sin medidas sociales "difícilmente se llegará al acuerdo".

Por su parte, desde EUPV han criticado "la filosofía de base con la que parte esta comisión", ya que, a su entender, las molestias derivadas del ejercicio de la prostitución deben abordarse "de forma transversal" con delegaciones como Bienestar Social y Empleo. Asimismo, ha anunciado que presentarán una propuesta alternativa a un texto "solo punitivo que carece de cualquier tipo de iniciativa de carácter social" y que "criminaliza aún más al eslabón más débil, que es la propia prostituta".

Frente a estas críticas, Miquel Domínguez ha explicado que los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia, a través de la concejalía de Bienestar Social, mantienen convenios con instituciones como Cáritas y Médicos del Mundo para atender a las mujeres que ejercen la prostitución, una atención que, según ha indicado, "se lleva muy bien desde esta concejalía y no era el asunto propiamente que se tenía que tratar en esta reunión".

EL PROBLEMA DE LA PROSTITUCIÓN, EN OTRO FORO

Así, ha indicado que el equipo de Gobierno ha dado su propuesta a los demás grupos para que la estudien y a partir de ahí, "si quieren, trabajaremos y seguiremos con las reuniones". "Pero si lo único que quieren es hablar del problema de la prostitución y no del problema que tienen los vecinos en la calle, lo tendrán que tratar en otro foro distinto", ha agregado el edil 'popular', quien ha lamentado que la oposición no haya planteado su propia propuesta al respecto.

No obstante, desde Compromís han criticado que el Ayuntamiento ha presentado este borrador en la misma comisión, por lo que los grupos no han tenido tiempo de leerla detenidamente antes de debatirla. Ahora se abre un plazo de dos semanas en las que los grupos municipales la estudiarán en profundidad.

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